[dropcap]S[/dropcap]egún cuenta la prensa nacional, a lo largo de estos días y semanas han entrado o van a entrar en prisión varias personas condenadas por formar parte de piquetes informativos durante la huelga general de 2012. Se les condena a tres años y un día más una multa de casi cuatro mil euros.
Se les condena por un delito “contra el derecho de los trabajadores”, y se les acusa de proferir amenazas y expresiones vejatorias. Supongo, por poner un ejemplo, que fueron amenazas y expresiones mucho más fuertes que aquellas por las que han quedado absueltos los que acosaron a los diputados del Parlamento catalán. Supongo, por suponer, que fueron expresiones más vejatorias que las recogidas en algunos sumarios “famosos” de estos últimos años, en los que grandes ladrones de guante blanco han vejado a conciencia a la ciudadanía, y se les han impuesto penas de prisión de menos de tres años, evitables con fianza en muchos casos. Los ejemplos están en la mente de todos. La frase “han sido condenados a penas de xxx, pero no entrarán en prisión”, se ha vuelto familiar a los españoles cuando se trataba de saquear un ayuntamiento o cualquier otro organismo público.
Para entrar en prisión ya están los indefensos como Carlos Cano y Carmen Bajo, Tamara Vidal y Ana Outerelo, que así se llaman cuatro de las 260 personas encausadas. Dicen en los periódicos que hasta el tribunal alude en su auto a que las penas son desproporcionadas. Desproporcionadas, añado yo, con todo lo demás que está pasando.
Sinceramente, ante cosas de este calado, votar o no votar a Jean Claude Juncker me parece que es muy importante, pero en absoluto merece incluirse en una categoría que lleva ya olvidada demasiados meses: en la categoría de prioridad. En la categoría de emergencia.
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