La misión de cualquier universidad, pública o privada es ofrecer una educación superior de excelencia, centrada en la formación integral de profesionales competentes, innovadores, éticamente responsables y comprometidos con el desarrollo científico, cultural, económico y social, de su entorno. Las universidades públicas deben además garantizar el acceso equitativo a una educación superior de calidad, fomentar el pensamiento crítico y contribuir a la transformación de la sociedad con principios de inclusión, justicia, sostenibilidad y responsabilidad ética.
Todas las universidades han sufrido crisis a lo largo de la historia, algunas incluso han desaparecido. La historia de la Universidad de Salamanca es un buen ejemplo al respecto. Desde la crisis económica de 2008 las universidades han visto como se deterioraba incluso su capacidad para formar buenos profesionales por la desinversión continuada en la educación universitaria. Este proceso intencionado de estrangulamiento económico de la universidad pública en algunas comunidades autónomas gobernadas por la derecha tiene como objetivo facilitar la implantación y crecimiento de universidades privadas, estableciendo un campo de juego y unas normas favorables a sus intereses.
Sin embargo, este proceso de control de la autonomía de las universidades públicas puede afectar también en el futuro a las universidades privadas. Sirva de ejemplo lo sucedido en Estados Unidos donde la Administración de Donald Trump ha congelado más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a la Universidad de Harvard, la más prestigiosa del mundo. Su presidente, Alan Garber, ha defendido la autonomía académica de la institución y rechaza las demandas gubernamentales por considerarlas invasivas y contrarias a derechos protegidos por la Corte Suprema. Garber afirma que «ningún gobierno debería dictar qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir». Lo sucedido con la universidad privada más importante del mundo es un buen ejemplo de que, en España, iniciado este camino con las universidades públicas no existe ningún límite para continuar haciéndolo con las privadas que no se plieguen a las directrices del poder político de cada momento.
El apartado II del Preámbulo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) recoge, al respecto de lo sucedido lo siguiente: «Las universidades públicas españolas han sufrido de manera persistente una insuficiente financiación pública en el último decenio, y una gran precarización y deterioro de las condiciones de trabajo, que han pasado socialmente inadvertidas sin que ello haya generado una reacción social a la altura del retroceso sufrido». Es decir que, en última instancia, la sociedad civil no ha estado a la altura necesaria para defender la universidad pública.
A partir de este preámbulo y después de exponer las semanas pasadas la situación actual de la universidad española, es obligado recoger algunas propuestas que, en opinión de muchos expertos, son necesarias para recuperar la calidad de la enseñanza e investigación universitaria pública, esbozando cinco medidas urgentes:
1.- Financiar adecuadamente a las universidades públicas destinando, al menos, el 1% del PIB de forma inmediata. Según una monografía reciente de la Conferencia de Rectores(CRUE) titulada “Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario: Objetivos de financiación pública e instrumentos” actualmente la inversión pública no llega al 0,76% del PIB; posteriormente se debería incrementar progresivamente la financiación hasta alcanzar el 2% que recomienda la Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD) en su informe de 2023.
2.- Establecer de forma inmediata una moratoria en la autorización de nuevas universidades privadas hasta que se establezca un marco riguroso de criterios de calidad que deben cumplir y se justifique la necesidad de su creación.
3.- Velar por el cumplimiento estricto por las universidades privadas ya autorizadas de los mismos requisitos exigidos a las universidades públicas, para autorizar su continuidad, mediante una inspección rigurosa y permanente y establecer medidas sancionadoras, en el caso de incumplimiento de dichos estándares, que pueden ir desde el no reconocimiento de títulos hasta la supresión de la autorización para ejercer como universidad.
4.- Crear una unidad fiscalizadora de la Conferencia General de Política Universitaria cuyos informes sean vinculantes para la autorización de cualquier universidad privada o para renovar dicha autorización. Además, se debe exigir otro informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
5.- Planificar por parte de las administraciones competentes la oferta de plazas universitarias públicas acorde con las necesidades sociales, y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, para configurar un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. Todo ello sin eliminar titulaciones necesarias, aunque tengan un potencial de alumnado menor.
Seguramente son necesarias muchas más medidas para devolver la universidad al lugar que le corresponde, pero estas líneas generales serían ya un buen comienzo cuando la Comunidad de Madrid prepara su propia Ley de Universidades y el Gobierno de España ultima la reforma del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios que estableció los criterios de creación y autorización de nuevas universidades.
Para salir de la situación actual es necesario un clima de reflexión y diálogo por parte de todos los actores políticos y académicos implicados, algo que parece muy difícil en la actual situación, pero es posible que las movilizaciones universitarias, que presumiblemente se avecinan, sirvan de catalizador de una reacción social más amplia de la sociedad civil que devuelva la universidad al lugar del que nunca debió salir. En todo caso, es necesario que los ciudadanos determinen con su voto que tipo de universidad quieren para sus hijos, en la misma medida que determinan que tipo de servicios públicos y que tipo de sociedad quieren para ellos mismos.
Miguel Barrueco, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel
1 comentario en «La misión y el futuro de la Universidad (tercera parte)»
Bueno creo sinceramente que si las universidades privadas no pudieran dar ningún título en prácticamente todas las materias igual que ocurre en los que se preparan para guardias civiles o bomberos o un montón de policías nacionales que tienen un examen solamente a nivel nacional creo que los médicos el MIR también es así no tendrían que dar ningún título falso porque no otorgarían ningún título ellos pueden enseñarte a estudiar y darte todas las materias y incluso mejor o peor o igual que que las universidades que no son privadas igual que las públicas el que saca el carnet de conducir lo saca en una privada pero luego lo examinan como a todos igual no es el el que tiene la academia de policía o de del carné les examina no tienen que ir a un examinador común para todos el que mejor estudia el que mejor se lo dé se supone que aprueba y así de bien de ser en todas las materias