Castilla y León

CSIF denuncia a la Junta de Castilla y León

Por incumplir las medidas de seguridad de los agentes medioambientales requeridas por Trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una demanda en el Juzgado de los Social de Valladolid, para exigir a la Junta que cumpla las medidas de seguridad requeridas por el Ministerio de Trabajo para los agentes medioambientales.

 

La demanda es para esta organización, “la única manera” de que el Gobierno autonómico aplique las medidas sobre riesgos y seguridad que la Inspección de Trabajo ha requerido “en un par de ocasiones”, después de la denuncia presentada en mayo del año pasado.

El responsable del sector autonómico de la Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Mariano Prieto, indicó que “tendrán que ser los jueces los que exijan a la Administración unas medidas que solo pretenden garantizar que los 800 agentes medioambientales de la Comunidad trabajen en unas condiciones seguras y unas dotaciones de material adecuadas”.

Prieto recordó que CSIF “lleva, desde enero de 2017, intentando negociar” un protocolo sobre seguridad y riesgos laborales, y un acuerdo sobre dotación de medios con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente “sin que hasta ahora se haya logrado conseguir nada, a pesar de las exigencias y requerimientos de la propia Inspección de Trabajo”.

CSIF explicó que denunció a la consejería ante el Ministerio de Trabajo por la “falta de medidas” de Prevención y de Riesgos Laborales que “están sufriendo los agentes medioambientales y forestales, así como los celadores de medio ambiente”. La consecuencia fue que el propio ministerio emitió un requerimiento que obligaba a la Junta a adoptar una serie de medidas en este aspecto que “no se han cumplido”, dijeron desde el sindicato.

Medidas

Entre las medidas que demandan los agentes medioambientales se encuentran la dotación de unos elementos de seguridad “proporcionales y adecuados” -en estos momentos no disponen de ningún material de autodefensa-; la ampliación de las plantillas, puesto que el 25 por ciento de los puestos de Relación de Puestos de Trabajo (RTP) están sin cubrir en la Comunidad; o la necesidad de potenciar la formación en técnicas y defensa personal.



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Un comentario

  1. Lo verdaderamente grave de todo este asunto que denuncia CSIF, es que entre UGT y CCOO han firmado un Protocolo de PRL para Agentes y Celadores Medioambientales que se aleja años luz de la realidad del problema y las medidas preventivas para atajar las situaciones conflictivas y de tensión, no son las más acertadas. Dejando a estos funcionarios, que aspiran a que se les reconozca e identifiqué como una verdadera Policía Ambiental, en unos simples o meros «sujetos pasivos» a merced de los infractores.

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