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Salamanca tiene 23.437 funcionarios

La tendencia es a que aumenten en la Junta y Universidad

El número de empleados públicos de las diferentes administraciones en Castilla y León se situó a julio de 2019, en 163.014 trabajadores, lo que supone 2.034 efectivos menos que hace un lustro, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

 

Por provincias, el número global de empleados públicos se elevó en 77 efectivos en León (29.800) y en 26 en Soria (7.958) mientras que se perdieron 523 en Salamanca (23.437); 454 en Burgos (22.638); 396 en Zamora (10.912), 362 en Ávila (10.692); 291 en Valladolid (35.202); 91 en Palencia (10.601), y 20 en Segovia (11.774).

Las administraciones públicas se están convirtiendo en refugio para el empleo femenino, ya que a julio de 2019, contrataban a 92.045 mujeres, que suponen 3.169 más que en 2014, por las mismas fechas; mientras que empleaban a 70.969 hombres, que mermaron en 5.203 efectivos.

Las cifras recogidas por Ical del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, revelan que entre julio de 2014 y el mismo mes de 2019, el personal público estatal menguó en 3.067 efectivos; y el de las administraciones locales, en 73, mientras que el de la Junta creció en 421 personas, y el de la universidad, en 685.

funcionarios

En concreto, cabe destacar que la Junta de Castilla y León contaba con el mayor número de efectivos entre las administraciones a julio de 2019, con un total de 85.182, cuando cinco años antes tenía 84.761. Estos empleados se concentraban en mayor número en la asistencia sanitaria, 34.263, que aumentó sus efectivos en 588 personas.

Sin embargo, en educación no universitaria, a julio se contaban con 30.630 profesionales, con una merma en 26 respecto al dato de 2014. En cuanto a las consejerías, funcionaban gracias a sus 20.289 empleados, que descendieron en el periodo de estudio en 141 personas.

El informe también indica que el Estado operaba a julio de 2019, con 34.464 efectivos en la Comunidad, cuando cinco años atrás trabajaban para sus diferentes organismos, 37.531 personas. Bajando al detalle, los diferentes ministerios y las agencias estatales, contaban con 11.026 trabajadores a mediados de 2019, 1.673 menos que cinco años antes.

Agentes y militares

Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), vieron mermar sus efectivos en 303 personas, hasta las 9.214. En cuanto a las Fuerzas Armadas, disponían a julio de 2019, de 8.807 militares a su cargo en la Comunidad, 815 por debajo del dato de 2014. Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, operaba en Castilla y León en julio con 3.727 trabajadores, 94 menos que cinco años antes; y los entes gubernamentales, con 1.690 personas, 182 menos.

Las cifras también indican que las administraciones locales contaban a julio de 2019 con 33.947 efectivos, lo que supone que perdieron 73 respecto a la misma fecha de 2014. Los datos los completan las universidades que ganaron bastante personal, al pasar de sus 8.736 trabajadores en 2014, a los 9.421 de 2019.

 

 


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2 comentarios

  1. Nosotros queremos las 35 horas semanales, y también queremos que nos devuelvan nuestros trabajos. ///.Nos pusieron de patitas en la calle gracias a un ERE infame y los primeros que pagamos los platos rotos de la crisis fuimos nosotros, ahora que parece que vienen mejor dadas, primero primero primero, que nos devuelvan nuestros trabajos y luego cuadramos los horarios entre todos.///.Por lo menos que tengan la verguenza de revisar vida laboral, años cotizados y jubilación.

  2. 500 funcionarios menos, y es una tendencia de varios años… Pero, ¿Qué pasa con las oficinas donde muchos de esos funcionarios trabajaban? Permanecen vacías, y mientras tanto, se construyen y amplían edificios en Madrid para prestar servicios que perfectamente se podrían prestar en las provincias por funcionarios a través del trabajo a distancia, que para eso están las nuevas tecnologías informáticas,… Con el ahorro de costes que le supondría a la administración y aparte con el beneficio social que supone la inyección de ingresos procedentes de las nóminas de los funcionarios (que se compran o alquilan casas, coches, consumen en nuestras tiendas…)
    Esperemos que el gobierno central vea esta idea como una oportunidad para reactivar la economía de nuestra España despoblada (ese tercer mundo del primer mundo), fijar población…

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