El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha autorizado a la Policía Judicial de la Guardia Civil el volcado y el examen de los archivos obtenidos hace unos días en la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León relativos a los expedientes de enajenación de vehículos todoterreno, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Además, a raíz de la información ya recibida, el Juzgado ha ordenado recabar datos más concretos en la Consejería de Fomento, en las jefaturas provinciales de Tráfico y en las empresas adjudicatarias de los vehículos, con carácter previo a la citación en su caso para declaración de personas físicas o jurídicas en calidad de investigados y testigos.
Este Juzgado investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos con motivo de la enajenación por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de un total de 313 vehículos todoterreno forestales que, sin embargo, fueron derivados al mercado de la segunda mano, aún no ha citado a nadie en calidad de investigado.
Tales delitos habrían contado con la participación directa de empresas y particulares que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos por entre 600 y 800 euros cuando su precio en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 9.000 euros.
El juzgado abrió las diligencias previas en mayo de 2019 tras recibir otras diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila, iniciadas por atestado de la Guardia Civil. El Juzgado investiga si se ordenó dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitar la misma. Cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva. Las cantidades por las que habrían sido vendidos los coches serían de entre 600 y 800 euros cada uno.
Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.
Según la investigación realizada por la Guardia Civil, el posible perjuicio económico para las arcas autonómicas sería de casi tres millones de euros.
