Castilla y León

Castilla y León registra la tasa de mujeres víctimas de violencia de género más baja de toda España

La ratio de la Comunidad en 2019 fue de 42,4 casos por cada 10.000 mujeres, frente a los 67,3 del conjunto nacional

 

Castilla y León registró en 2019 la tasa de mujeres víctimas de violencia de género más baja de toda España con 42,4 por cada 10.000 mujeres, mientras que a nivel nacional esta ratio se situó en 67,3

 

ICAL. Las comunidades de Baleares, con 109,5, Valencia (90,4), Canarias (89,9) y Murcia (85,3), presentaron los niveles más altos, mientras que los más bajos, después de Castilla y León, se dieron en Galicia, con 42,8, y Extremadura, con 45,9, según los datos publicados hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante el año 2019, los juzgados de Castilla y León recibieron un total de 5,269 denuncias, lo que representa un incremento del 0,5 por ciento con relación a 2018, mientras que a nivel nacional se tramitaron 168.057 denuncias, un 0,67 por ciento más.

Las mujeres víctimas de violencia de genero en la Comunidad ascendieron a 5.162, un 3,3 por ciento más que en 2018. La mayoría, casi el 73 por ciento (3.764), eran españolas, mientras que el resto, 1.398, eran extranjeras. Cabe destacar que mientras entre las nacionales se produjo un descenso del cuatro por ciento respecto a 2018, entre las extranjeras el incremento fue del 30 por ciento. A nivel nacional la cifra de víctimas de esta lacra social se incrementé un 1,76 por ciento, hasta las 161.378, de las que eran extranjeras 52.759, un 32,7 por ciento.

Infografía. ICAL.

Desde el Observatorio también se destaca que el pasado al año las condenas por violencia de género en los órganos judiciales alcanzaron un máximo histórico anual de un 70,54 por ciento de sentencias condenatorias, porcentaje que en Castilla y León fue del 80,8 por ciento. Además, también se registró un incremento tanto de las órdenes de protección solicitadas como de las órdenes de protección concedidas, en el caso de la Comunidad el número de órdenes de protección aprobadas fue de 1.146, lo que supone un crecimiento del 6,2 por ciento.

A nivel nacional, casi un 72 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en torno al 13 por ciento de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima alcanzó un porcentaje superior al dos y medio por ciento del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron algo más del nueve y medio por ciento de las denuncias.

Dispensa

Por otra parte, el pasado año 505 víctimas de Castilla y León se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declara, lo que supone un retroceso del 36,2 por ciento de los casos con relación a 2018, mientras que a nivel nacional fueron 17.205 los casos, cifra inferior en casi medio punto a la del año anterior.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, destacó que los datos estadísticos correspondientes a 2019 indican, “de manera fehaciente, la consolidación del importante aumento de las condenas a maltratadores que se apreció ya el año anterior e importantes incrementos asimismo en las órdenes de protección, tanto en el número de las solicitadas como en la cifra de órdenes concedidas”.

Además, Carmona también recalcó que el aumento de las denuncias presentadas en los órganos judiciales “nos vuelve a situar en un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores, aunque es evidente que los datos nos sacuden internamente pues estamos hablando de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada”.

Por último, también consideró positivo el aumento las condenas y que las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación adoptadas por los órganos judiciales afecten a dos de cada tres casos en que se ha solicitado una orden de protección, “lo que supone un fiel reflejo de la sensibilización judicial hacia el fenómeno de la violencia de género”.


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