Castilla y León

Los pilares de la reconstrucción

Más de 1.000 millones para servicios públicos y el impulso económico

Castilla y León sentó este miércoles las bases de su proyecto de reconstrucción tras el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19, para lo que la Junta y las fuerzas políticas de la Comunidad -PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila, no lo firmaron UPL y Vox- sellaron un acuerdo de 86 medidas y más de 1.000 millones de euros para afrontar reformas estructurales en materia de servicios públicos y de impulso a la actividad económica y el empleo.

 

ICAL

El Pacto de Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León contempla reforzar con 250 millones la sanidad ante la pandemia del coronavirus y planifica actuaciones por 728 millones para un plan de inversiones sociales, además de un incremento del 25 por ciento de las plazas públicas. También, recoge la creación de un fondo de 80 millones dirigido a los ayuntamientos, ocho millones para becas y tres más para la compra de ordenadores y otros equipos.

Esta ‘hoja de ruta’ para la nueva normalidad postcovid convierte a la recuperación de la sanidad en protagonista para lo que plantea un paquete de 250 millones, destinado a reforzar la Atención Primaria, potenciar la salud pública y la estructura de las unidades de cuidados intensivos con la contratación de profesionales, epidemiólogos y la adquisición de material de protección.

Igualmente, abre el camino a diseñar en un periodo de tres meses un nuevo modelo de Atención Primaria, desde el diálogo con expertos y agentes implicados, con el objetivo de ofrecer una asistencia de calidad, siempre con la garantía de seguridad para profesionales y pacientes y con el compromiso de no implantar reformas estructurales. Así los consultorios locales, una de las exigencias del PSOE, se abrirán con triaje telefónico previo.

También, se reforzará la asistencia a las emergencias con una dotación suficiente de Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) y de Soporte Vital Básico (SVB); se establecerá un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección que garantice las existencias durante los siguientes meses; se potenciará la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de las demoras en intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas motivadas por la pandemia.

Además, se incluye el reconocimiento del esfuerzo de los empleados de Sacyl y de los servicios territoriales implicados en la lucha contra esta pandemia y su control mediante una gratificación, siempre que se haya realizado la jornada de manera efectiva. La Junta de Castilla y León se compromete a informar periódicamente a los diferentes grupos parlamentarios del uso de este fondo y de las actividades desarrolladas con el mismo.

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Una de las principales actuaciones es la elaboración de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025 dotado con 728 millones de euros y que ponga en marcha una planificación de infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social.

Otro de los grandes capítulos del pacto son los centros residenciales, para lo que se propone elevar en un 25 por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de la presente legislatura y un tercio las de convalecencia socio-sanitaria. Además, se plantea una revisión del modelo, reforzar su estructura y un plan de inspecciones anual, así como la regulación de la formación de los directores de los centros o la prioridad en el uso de habitaciones individuales. Al respecto, la Junta elaborará un informe sobre incidencia y prevalencia de COVID-19 en las residencias de mayores, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos, para su evaluación y debate en la Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes.

También la Comunidad, en línea con lo aprobado por las Cortes, exige asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital y dedicar el posible ahorro en la Renta Garantizada de Ciudadanía a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Además en este ámbito, el acuerdo incluye que las ayudas al alquiler lleguen a todas las personas y familias que las soliciten y cumplan los requisitos de las convocatorias y una línea de ayudas directas, por importe de tres millones, para el acceso a ordenadores y conexión a internet a las personas con menos ingresos de la Comunidad.

Junta y grupos políticas acuerdan, también, reducir las tasas universitarias de primera matrícula de grado, para el curso 2020-2021 y de primera matrícula de másteres para el curso 2021-2022 hasta situarlas, como máximo, en la media de las comunidades, incrementando a la vez las transferencias de la Junta a estas instituciones para compensar la reducción de ingresos. Entre las ayudas escolares, plantea también una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad para el próximo curso con una dotación de ocho millones.

Fondo COVID

El acuerdo incluye la constitución de un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de los que la mitad, 40 millones, se transferirá a las corporaciones locales para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. De los otros 40 millones, la mitad los gestionarán también las entidades locales para cuestiones relacionadas con los servicios sociales y los colectivos afectados por la crisis y los otros 20 serán de gestión directa por parte de la Junta.

En el ámbito del empleo, el pacto recoge la puesta en marcha de un fondo de recuperación para empresas de la Comunidad, que se nutrirá mediante los instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones. También plantea el diseño de un nuevo Plan de Promoción Industrial, en el marco del Diálogo Social, adaptado a la nueva situación, el impulso de un plan de comercio y el desarrollo de la Formación Profesional y la conectividad, especialmente, en el medio rural.

En este apartado, se recoge la suspensión del trámite parlamentario del Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y plantea medidas que supongan un tratamiento fiscal favorable para el ámbito rural y solicitar al Gobierno de España idéntico objetivo en el ámbito de sus propias competencias.

Diálogo abierto

Por otra parte, el pacto marca la apertura de nuevos cauces de diálogo y negociación al margen del Consejo del Diálogo Social. Una de las iniciativas previstas es la creación de un grupo de expertos de reconocido prestigio para elaborar propuestas para este nuevo tiempo. Sus propuestas serán debatidas además en una conferencia de la sociedad de Castilla y León que creará la Junta con integrantes de los distintos ámbitos institucionales, sociales, económicos, culturales y educativos de la Comunidad entre otros.

El seguimiento de este acuerdo se llevará a cabo mediante el informe que haga la Junta sobre el desarrollo y ejecución de las medidas, que se facilitará a los grupos parlamentarios de las Cortes.


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