Castilla y León

UGT pide el cese de todo el equipo de la Consejería de Familia por no «dar la talla» en la gestión de las residencias

Otorga un aprobado "raspadito" a la Junta por pasar de la inacción a la improvisación

El secretario general de la Federación de Servicios Púlblicos (FeSP) de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, pidió este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y a todo su equipo directivo por no «dar la talla» en la gestión de los Servicios Sociales durante la pandemia del COVID-19. «Hay personas que llevan casi 30 años al frente de los Servicios Sociales y lo único que han conseguido ha sido colapsar el sistema ante una gran crisis. Deben buscar a personas que miren al futuro para la puesta en marcha de un nuevo modelo asistencial», sentenció.

 

En una rueda de prensa telemática para analizar la gestión de la pandemia por parte de la Junta, Tomás Pérez criticó que el Ejecutivo autonómico pasara de la inacción, al inicio de la crisis sanitaria, a la posterior improvisación. De ahí que diera un aprobado «raspadito raspadito» a la Junta que, a su juicio, se ha salvado por la labor de los profesionales que calificó de diez. Pese a ello, subrayó que ha habido consejerías que han suspendido, especialmente la de Familia, al considerar que fue el «gran talón de Aquiles» en la gestión de la administración autonómica y con una consejera «desaparecida» toda la crisis sanitaria.

El responsable sindical de Servicios Públicos enumeró, según recogió la Agencia Ical, la falta de previsión en los  equipos de protección individual (Epis) para los profesionales de las residencias de los mayores, hasta que el punto que precisó que no se preocuparon demasiado en el acopio y tuvo que ser la Consejería de Sanidad quien tuvo que buscarlos. También, se refirió a la escasez de test serológicos para conocer el estado inmunitario del personal y la nula formación de los trabajadores para el buen uso de los equipos, que llegó un mes y medio después de su reparto.

Además, criticó el nivel «muy bajo» de la contratación de personal en los centro residenciales a la hora de cubrir las bajas. A su juicio, la situación de crisis exigía de más trabajadores y el resultado fue llevar «al límite» los empleados disponibles, a los que se les deben muchas horas de descanso. Ante esta situación, reclamó a la Gerencia de Servicios Sociales contratar por encima de los ratios actuales ante las próximas vacaciones  y los días acumulados. «Estamos avisando con tiempo que se van a vaciar las bolsas de personal y, en breve, volveremos a tener problemas con la falta de trabajadores en las residencias, después de que la administración no haya hecho sus deberes», añadió.

Tomás Pérez relacionó los fallos en la gestión de los Servicios Sociales en la Comunidad con un modelo asistencial «caduco» y «connivente» con las empresas del sector. «El sector pasó de estar en manos de compañías sin ánimo de lucro a multinacionales y grupos de inversión. Un derecho no puede estar gestionado por un grupo de inversión», señaló.

El secretario autonómico de la FeSP-UGT reconoció que la pandemia ha cogido a todos de «improvisto» ya que era la primera vez que todo el mundo se enfrentaba a una situación límite. «Podemos admitir cierto desbarajuste al principio pero no una inacción. Las administraciones están para capitanear las acciones y no esperar a ver lo que hacen los demás», aseveró. Expuso el retraso de la Junta a la hora de elaborar los planes de contigencia que no fueron aplicados ni vigilar su cumplimiento. «Cada consejería hizo lo que quiso o pudo o simplemente no hizo nada», expuso.

En este sentido, se refirió al teletrabajo puesto en marcha durante el estado de alarma después de no  haberle prestado atención durante muchos años y estar solo al alcance de unos «pocos privilegiados». Pérez se felicitó por el buen funcionamiento de este sistema, gracias a la «actitud» de los trabajadores y no por el interés de los jefes de servicio.

Pese a repartir fallos entre todos los departamentos, reiteró que la gestión en Sanidad y Educación no es comparable con lo ocurrido en la Gerencia de Servicios Sociales. «No podemos poner al mismo nivel a la consejera de Sanidad, quien ha dado el callo todo el día y buscando soluciones, buenas o malas, acercando y equivocándose, con una consejera de Familia, que ha estado desaparecida toda la crisis. Seríamos injustos», aseveró.

«Más luces que sombras»

Tomás Pérez valoró la buena gestión de la Consejería de Sanidad durante la pandemia, con «más luces que sombras», gracias, en parte, a dejar trabajar al personal, no «escatimar» en recursos humanos y económicos, su intento por dotar a los sanitarios de los Epis, tratar de «atajar» el problema de las residencias ante la «nula atención» de Familia y la primera en plantear una gratificación a la plantilla. Eso sí, dejó claro que UGT está en contra de las «propinas» sino derechos para que no se olvide la labor de los profesionales.

Por el contrario, lamentó el error del reparto de mascarillas entre los sanitarios sin comprobar si eran válidas; el «abandono a su suerte» de los hospitales de Segovia y Soria, al no movilizar recursos públicos y privados de otras provincias; la falta de una política más regional; la «propaganda» de los hospitales de campaña y el protocolo del traslado de enfermos de residencias a hospitales. «En los hospitales, siempre ha habido triajes para atender a los pacientes más urgentes pero de ahí a a hacer un protocolo con esa frialdad nos recuerda lo peor de la historia de Europa. Eso no se puede hacer por que para eso están los profesionales que son los que tienen que decidir sobre cada paciente», declaró.

Eso sí, se refirió a la situación que vive ahora la Atención Primaria con la desescalada, al lamentar que los pacientes no puedan acudir a sus centros de salud para ser tratados por el médico en la consulta y no a través del teléfono. También habló del cierre de los consultorios en los pueblos, que funcionarán con cita previa telefónica. «Es el gran hito negativo de la gestión de Sanidad está ahora en Atención Primaria», aseguró.

Además, cargó contra la «falta de preocupación» de la Consejería de Educación para que los profesores contaran con los medios y la formación necesarias para afrontar la enseñanza no presencial. «Todo ha requerido, exclusivamente, en los docentes, que han hecho una labor extraordinaria ante un nuevo sistema, que cambió de un día para otro», manifestó Tomás Pérez. También denunció la «absoluta» negativa de la consejera de Educación, Rocío Lucas, a dialogar con las organizaciones durante la pandemia del coronavirus, que se ha limitado a publicar las decisiones antes de cada reunión y «llevar la contrario» al Ministerio.

En cuanto a la gestión de la Consejería e Fomento y Medio Ambiente, el responsable sindical de UGT criticó por actuar «tarde y mal», al no querer evitar los medios públicos como el personal fijo discontinuo encargado de los incendios forestales y hacer uso de las empresas privadas.

Una vez que ha pasado lo peor, el secretario autonómico de la FeSP reclamó a los consejeros revisar lo que ha fallado en la gestión para evitar caer en los mismos errores, ante un posible rebrote de la pandemia. «No se puede dejar toda la responsabilidad en manos de los profesionales, que no están ni tan bien pagados ni tienen tantos derechos como los consejeros, secretarios generales y directores generales», expuso.

Conocer los «errores»

No en vano, aseguró que para construir un futuro es necesario conocer los «errores» del pasado. De ahí que criticara que el Pacto que hoy han firmado Mañueco y los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes incluya la no investigación de lo que ha ocurrido en Castilla y León durante la pandemia del coronavirus. «Es escandaloso», significó.

Por último, mencionó la situación que ha vivido la Administración General del Estado durante el estado de alarma, con sus 11.000 trabajadores, de los que cerca de la mitad han continuado con su labor presencial. De ahí que apostara por una regularización del teletrabajo entre estos empleados y, sobre todo, una mayor dotación del personal del Servicio Público de Empleo (Sepe). «Después de muchos años de reducción de las plantillas se ha visto que han sido insuficientes para tramitar la gran cantidad de Ertes», afirmó.


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