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El PP incumple la Ley de Contratos del Sector Público en Salamanca

Informa de los contratos a dedo anualmente en lugar de hacerlo cada tres meses, según el PSOE

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Salamanca llevará al próximo Pleno del Consistorio una moción en la que se demanda al equipo de gobierno municipal del PP que publique cada trimestre en el Perfil del Contrate, o cualquier otro espacio que se habilite para ello, la información relativa a los contratos menores que se realizan desde cualquier órgano del Ayuntamiento y organismos dependientes o bajo su competencia, tal y como se establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

 

El PSOE recuerda que dicha Ley establece que los contratos menores del sector público deben publicarse en el Perfil del Contratante con una periodicidad de al menos tres meses, e indica que, como mínimo, debe darse publicidad también al objeto de dicho contrato, su duración, el importe de adjudicación incluido el IVA, la identidad del adjudicatario, además de proporcionar dicha información o exposición de los mismos ordenados por la identidad del adjudicatario.

Esta obligación que impone la Ley viene incumpliéndose por parte del equipo de gobierno municipal actual, y los anteriores, de forma sistemática y reiterada desde la publicación de la Ley y, por tanto, desde que se impuso esta exigencia legal en noviembre del 2017, algo que, a juicio de los concejales socialistas, supone una vulneración de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, de la publicidad y transparencia de los procedimientos, y de la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Esta misma norma establece que “se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”, una modalidad en las políticas de contratación muy utilizada por el actual, y los anteriores gobiernos municipales del PP a la hora de gestionar el Consistorio, que supone un reparto de dinero público a la hora de comprar o adjudicar obras y servicios sin la obligación de pasar por la consulta, aprobación, control y fiscalización de los órganos municipales y, en la mayoría de los casos por decisión individual mediante decreto del propio alcalde, contratos menores que a día de hoy están haciendo públicos de forma anual a pesar de tener la obligación por Ley de hacerlo cada tres meses como mínimo.


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