El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los jóvenes de Castilla y León, de ahí que la tasa de emancipación residencial de las personas entre 16 y 29 años se situara, a finales del año pasado, en el 16,9 por ciento. Pese a que la tasa ha aumentado un punto y medio respecto al anterior informe del Consejo de la Juventud en España del primer semestre de 2019, el porcentaje de jóvenes que aún vive con sus padres en la Comunidad es el quinto más alto de España.
R. Travesí / ICAL.- Y es que el acceso a una casa está muy relacionado con la situación económica y el salario que percibe un joven, hasta el punto de que un menor de 29 años asalariado en Castilla y León debería destinar de media un 41 por ciento de su sueldo para comprar una vivienda libre, que aumenta hasta el 58,3 por ciento en el caso de acceder a un alquiler.
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el Consejo de la Juventud de España presentó este miércoles su último Observatorio de Emancipación Juvenil (OBJOVEM), que hace referencia al segundo semestre de 2019, que recoge que la compra de una vivienda libre para una persona joven en solitario resulta «inviable». No en vano, precisa que para hacer frente al pago de la cuota hipotecaria, debería destinar el 41 por ciento de su sueldo, un porcentaje muy por encima del 30 por ciento que las entidades financieras suelen emplear como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario. Solo sería posible, por muy poco, para los jóvenes entre 30 y 34 años que cumplirían su sueño de ser ‘propietarios’ al poder destinar el 30,4 por ciento de su salario.
Los jóvenes españoles deberían tener un salario de 1.935 euros mensuales para poder comprarse una vivienda sin destinar más de un 30 por ciento de sus ingresos, exactamente el doble del sueldo de los asalariados de menos de 34 años. Y es que un joven que quiera comprar una casa financiando el 80 por ciento del precio de venta debería pagar una entrada de 4,1 veces su sueldo anual. No en vano, la entrada en estas condiciones equivaldría a unos 47.104 euros.
Ante este panorama, el Consejo de la Juventud asegura que el alquiler, a nivel nacional, se mantiene como la opción mayoritaria para la población joven emancipada residencialmente (58,8 por ciento), seguido por la compra de vivienda (17,3 por ciento estaría pagando un préstamo hipotecario y un 11,7 por ciento la tendría en propiedad) y, por último, el 12,2 por ciento reside en una vivienda cedida, que ha aumentado en los últimos años.
El informe, consultado por la Agencia Ical, incide que el esfuerzo económico que conllevaría sufragar el precio de la vivienda para una persona joven (entre 16 y 29 años) en solitario equivaldría al 90,7 por ciento de su salario neto en el caso del alquiler en el conjunto del país y que bajaría al 58,3 por ciento en Castilla y León. «La opción menos costosa para las personas jóvenes que desean independizarse es la de compartir el alquiler de la vivienda con otras personas, que teóricamente podría costearse dedicando el 29,9 por ciento de su salario individual», subraya el trabajo del Consejo de la Juventud.
El presidente y vicepresidenta del Consejo de la Juventud, Manuel Ramos y María Rodríguez, respectivamente, alertaron que los jóvenes están constantemente «abocados» al riesgo de emanciparse y tener que regresar a la casa de sus familiares meses después, al comprobar que no pueden pagar las facturas a final de mes, de depender económicamente de otra persona, de no poder usar la calefacción o de habitar viviendas en malas condiciones, sin luz, sin ventilación o sin espacio.
Ayudas «inaccesibles»
Ambos declararon que muchos programas y ayudas actuales a la compra o al alquiler de vivienda son, de facto, «inaccesibles» para personas menores de 30 años, ya que incluyen requisitos – como contratos fijos de trabajo o cierta permanencia – que «se parece más a los sueños que perseguimos que a las realidades que vivimos». De esta manera, un 83,1 por ciento de jóvenes entre 16 y 29 años en Castilla y León sigue viviendo encasa con sus padres frente al 34,3 por ciento de personas entre 30 y 34 años. Así la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años.
Por sexo, la tasa de emancipación de las mujeres de entre 16 y 29 años, 21,3 por ciento, es muy superior a la de los hombres, 12,7 por ciento. Es el mismo parámetro que se repite a nivel nacional, aunque el porcentaje de jóvenes que no viven con sus padres en España es superior en el país, ya que el 22,4 por ciento de las jóvenes y el 15,1 por ciento de los jóvenes está emancipado.
El informe constata que la participación del colectivo de la Comunidad en el mercado de trabajo se ha mantenido en niveles ciertamente bajos mientras que la temporalidad contractual ha aumentado. De las personas jóvenes que terminaron el año pasado con un empleo, un 55,4 por ciento lo hizo en puestos temporales y, sobre todo, en sectores donde el coronavirus ha destruido mucho empleo, como la hostelería o el turismo.
El salario percibido en el caso de quienes se encuentran trabajando es menor al del conjunto estatal. No en vano, el sueldo neto de una persona joven asalariada entre 16 y 34 años en Castilla y León es el séptimo más bajo de España, solo por detrás de Extremadura, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. Un listado que encabezan Madrid, País Vasco y Navarra.
El dato más positivo es que Castilla y León es el segundo territorio con menor tasa de pobreza o exclusión social, una situación en la que essá el 17,9 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años y el 12,1 por ciento de los que tienen entre 30 y 34 años. Solo está por detras de Navarra y muy por encima de la media nacional (31,7 y 26,4 por ciento, respectivamente).
Los responsables del Consejo de la Juventud se preguntaron sobre el futuro del colectivo tras la irrupción del COVID-19 y exponen que los primeros datos sobre cómo ha afectado la crisis socioeconómica a las personas jóvenes en términos de empleo son negativos. «Llueve sobre mojado», lamentan. Por ejemplo, explicaron que hay una alta incidencia de contratos temporales, aunque un 41 por ciento de la juventud que trabaja con contrato ha podido acogerse a un ERTE, pero con un «gran riesgo» de pérdida de sus empleos en cuanto esta protección acabe. «Por desgracia, muchas veces la realidad de las personas jóvenes pasa por debajo del radar de las medidas generales. No puede acogerse a ERTE quien está en unas prácticas extracurriculares o incluso quien trabaja sin contrato. En un escenario, además, donde la búsqueda de empleo se complica, al igual que la posibilidad de tener una primera experiencia laboral», añadieron. Manuel Ramos y María Rodríguez admitieron que la situación «poco alentadora» debe encender «todas las alarmas», hasta el punto que significan que el momento de actuar por la juventud es «ahora».
Movimientos migratorios
El informe también refleja un dato preocupante para Castilla y León en relación al saldo migratorio del colectivo con otras autonomías. No en vano, la Comunidad registra la mayor proporción de población joven que actualmente reside en provincias diferentes, pues el 16,2 por ciento se ha trasladado a otras lugares, «presumiblemente» en busca de mejores oportunidades laborales. Supone justo el doble de la población joven española que reside en una provincia distinta a la de nacimiento. El trabajo del Consejo de la Juventud apunta que esta es una práctica que se intensifica con la edad, pues en el caso de la población nacional de entre 16 y 24 años sucede en un 6,7 por ciento; aumenta entre el grupo de entre 25 y 29 años (10,4 por ciento) y una cuarta parte (25,1 por ciento) de la población entre 30 y 34 años se ha establecido en otra provincia. Además, el saldo migratorio de la población joven en 2019 en Castilla y León se encuentra entre los más bajos en comparación con el resto de comunidades autónomas
