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Borrego dice que los gastos que parecen personales con dinero público están justificados

El exdirector de Fomento en la Diputación, juzgado por presunta malversación de caudales públicos

El exjefe del área de Fomento en la Diputación de Salamanca, Manuel Borrego, se sienta desde este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder de la acusación particular que le atribuye un presunto delito de malversación de caudales públicos, por destinar 6.800 euros de la institución provincial a gastos  personales. El fiscal en sus conclusiones provisionales no aprecia delito alguno y no le acusa en principio de nada, algo que solo podría cambiar si durante el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial con jurado popular se demostrara que sí hubo aprovechamiento personal del dinero público.

 

La acusación particular le atribuye el gasto de al menos 6.800 euros en asuntos supuestamente personales como cañas, peajes y comidas y cenas en restaurantes entre los años 2007 y 2011, gastos que cargaba a una partida de Fomento llamada «anticipos de caja fija», aunque algunas facturas incluso corresponden a desembolsos realizados en fin de semana y fuera del horario laboral del procesado.

Se le acusa de no justificar debidamente los gastos en que incurrió o de hacerlo de forma muy genérica, sin especificar con quién comía, identificando a la persona y empresa o institución en cuestión.

Las sospechas surgieron porque Borrego cobró en concepto de dietas comunes 14.000 euros en ese periodo para kilometraje y 18 euros diarios para manutención, aparte de su sueldo de 60.000 euros anuales. Y utilizó, a mayores, esos 6.800 euros de la partida de los ‘anticipos de caja’.

En la primera parte de su declaración dijo que todos sus gastos cargados a los «anticipos de caja fija», conocidos en la Diputación como fondo de lagartijas, estaban justificados (tanto el motivo del viaje como esos gastos), pero a la hora de explicar la diferencia de los gastos que cargaba a sus dietas corrientes y los que endosaba a los anticipos de caja, la nebulosa burocrática se espesó sobre las cabezas de los allí presentes. Vino a decir que recurría a los anticipos de caja «cuando hay una orden de servicio justificada y convocada fuera de Salamanca. No solo vas tú y no puedes ir con 18 euros», comentó.

Entre los gastos cargados a los anticipos de caja hay facturas de cenas, comidas, peajes, billetes de tren y autobús, consumiciones en bares, que se realizaron en fines de semana y por la noche. Él dijo que por razón de su cargo no tenía horarios y estaba disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

Señaló que «yo cumplía los criterios de la Intervención a priori» y cuando se le dijo que en algunos años la Intervención puso reparos, señaló que luego la presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez, los aprobaba por decreto de presidencia.

El fiscal no acusa en sus calificaciones previas por considerar que no estamos ante una malversación al uso (quedarse con el dinero) y porque en todo caso se trata de una cuestión que debería llevarse a la jurisdicción civil, y no a la penal, ya que se ha justificado el dinero y todo el proceso estaba fiscalizado en la institución provincial. «Se trata de si gastó bien o mal las dietas o si lo hizo o no por razón de cargo, y eso no encaja en la malversación», señaló el fiscal

La acusación particular considera que se han presentado justificaciones de gastos que no se realizaron en razón de su cargo, por lo que le atribuye un uso personal de ese dinero público (vamos que no lo gastaba por ir a reuniones ni vistas de obras, sino para su regocijo personal), «realizando un uso inadecuado de los anticipos de caja y con una justificación indebida».

Por eso, pide para él seis años de prisión por presunta malversación e inhabilitación por el mismo periodo para cargo público, lo que le haría ir a prisión y perder su condición de funcionario.

Subsidiariamente pide dos años y medio de prisión y seis de inhabilitación, así como una multa de seis meses a razón de 30 euros por día.

La defensa, por su parte, dice que estamos ante un caso «ajeno a la infracción penal» que debería ventilarse en la vía de lo contencioso administrativo, y precisó que «no pueden eludirse motivaciones políticas en la causa» promovida por el PSOE. Dijo que su patrocinado realizaba innumerables viajes por motivos de su trabajo, sin horarios.

Además, precisa que el acusado depositó 6.800 euros en el juzgado, que es el dinero que presuntamente se gastó en sus cosas y lo pasó como gastos por trabajo, «solo por haber sido cuestionado», no porque tuviera sentimiento de culpa.

El juicio con jurado proseguía el martes por la tarde y está previsto que se prolongue hasta el jueves.


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Un comentario

  1. Curioso que alegue como gastos de transporte por su trabajo peajes y billetes de tren…¿Este señor era Director de Fomento de las 52 Diputaciones? Porque en toda la provincia ni hay peajes, ni se desplazaría en tren a Ciudad Rodrigo o Cantalapiedra.

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