Comienza la recalificación del hotel Monterrey para hacer viviendas

Ha sido visto y no visto. Los propietarios del hotel Monterrey, la familia Curto, han visto este viernes como el Ayuntamiento daba un paso decisivo para cumplir sus deseos de recalificar el inmueble para convertirlo en viviendas con un parking de cuatro plantas en el corazón de la zona peatonal de Salamanca. Los Curto no pudieron hacer un parking en Los Bandos y lo van a conseguir unos metros más abajo. Para Podemos esta operación es «especulativa» mientras que el alcalde dijo que «en ningún caso va a suponer la multiplicación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad, ni un negocio lucrativo sobre las mismos». Vamos, que nos van a hacer un favor.

Ical.- El Ayuntamiento de Salamanca aprobó este viernes, durante la sesión ordinaria del pleno municipal celebrada en el Palacio de Congresos, la modificación de la catalogación del Hotel Monterrey para facilitar su conversión en un edificio de viviendas. Para ello, la Corporación sacó adelante un dictamen de la Comisión de Fomento y Patrimonio como aprobación inicial del necesario retoque al Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el grado de protección del inmueble, de estructural a ambiental.

Este punto del orden del día salió adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular y Ciudadanos, que forman el equipo de Gobierno, y del concejal no adscrito, Ricardo Ortiz. El PSOE, por su parte, consideró la abstención y el Grupo Mixto, formado por Virginia Carrera, de Izquierda Unida, y Carmen Díez, de Podemos, votó en contra.

El debate se centró en la acusación manifiesta por parte de Carrera y Díez de acometer esta modificación de la catalogación de un edificio histórico para facilitar a la empresa titular de sus derechos de explotación que “haga un negocio cualquiera”, construyendo más plazas de garaje de las necesarias para los futuros residentes de las viviendas. Según Virginia Carrera, el informe en el que se basa esta modificación “es una minusvaloración total del edificio”, presuntamente, para favorecer su descatalogación.

De hecho, el objeto de la discusión se centró en si había interés general o no en esta modificación. Para Carmen Díez y Virginia Carrera se trata de un interés privado, mientras Fernando Castaño, uno de los concejales de Cs contratados por el PP para tener una legislatura apacible una vez perdida la mayoría absoluta, matizó que se trata de un “interés público objetivo para adecuar la catalogación del edificio a la realidad”, mientras acusó a sus adversarias del Grupo Mixto de “confundir a la ciudadanía”.

Por su parte, el concejal socialista Álvaro Antolín se mostró de acuerdo con la intención del promotor que, según apuntó, pretende dar “una segunda vida” al edificio con el uso residencial. Sin embargo, cimentó su abstención en la consideración de que “deben primar intereses patrimoniales y de conservación histórica”, recordando que “la fachada de Francisco Gil tiene gran valor”.

A su vez, el concejal de Urbanismo, Daniel Llanos, especificó que el edificio goza de un grado de protección “excesivo e innecesariamente restrictivo”. Eso, sin menoscabar los elementos que sí merecen protección “como la fachada historicista y los elementos que la componen”. De hecho, Llanos elevó el tono del debate acusando a Carrera y Díez de decir “barbaridades” por «no haberse leído el expediente» llevado a pleno. “Se trata de proteger lo que de verdad vale. Ustedes hablan a veces de la gentrificación del centro y no quieren ahora dar oportunidades para que haya nuevas vidas y más gente viviendo”, manifestó.

Antes de la votación, el alcalde, Carlos García Carbayo tomó la palabra para aclarar el objeto del dictamen. “Tenemos claro que lo que se pretende con esta modificación es dar un un nuevo uso al edificio para que se puedan construir viviendas, con una dotación razonable de plazas de aparcamiento. En ningún caso va a suponer la multiplicación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad, ni un negocio lucrativo sobre las mismos”, concluyó.