Los cargos del PP no despejan las dudas sobre la financiación de las primarias

Cargos del Partido Popular de Salamanca insistieron este martes en que las aportaciones dinerarias realizadas en el contexto de las elecciones primarias de la formación ‘popular’ en el año 2017 fueron voluntarias. Así lo reconoció el abogado de la acusación particular, Francisco Martín del Río, en declaraciones a los medios de comunicación a la puerta del tribunal de Justicia. La parte que representa, según especificó, observa que algunos cargos incurrieron en delito de financiación ilegal al vulnerar los mecanismos jurídicos implementados, precisamente, para evitarla.

J.M.A. / Ical.- En un primer turno, declararon la alcaldesa de Alba de Tormes y diputada provincial, Concepción Miguélez, y el procurador por Salamanca en las Cortes, Salvador Cruz. Más tarde, prestaron declaración la exdiputada provincial Juana González y el director general de Análisis y Planificación de la Junta de Castilla y León, Xavier Domínguez. Finalmente, declararon el diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro y el senador Gonzalo Robles, que fue el último en abandonar la sede judicial pasadas las 14.15 horas. Todos, en calidad de testigos y ninguno como imputado.

El caso, archivado en un primer momento por un juzgado de Salamanca, fue reabierto más tarde por la Audiencia Provincial para tratar de aclarar la procedencia de las aportaciones que miembros del PP realizaron presuntamente para poner al día la cuota de otros afiliados, permitiendo así su participación en el proceso de primarias del año 2017. Una contienda interna que enfrentó por el mando regional del Partido Popular al leonés Antonio Silván y al salmantino Alfonso Fernández Mañueco, vencedor a la postre y, como consecuencia, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que también ostenta gracias al apoyo de Ciudadanos.

Hace algunas semanas ya declaró por este motivo el presidente del PP provincial y de la Diputación, Javier Iglesias, quien tampoco fue capaz de aclarar el procedimiento y lo que sí hizo sin querer fue reconocer que se pagaron las cuotas a los afiliados, lo que de hecho es una donación (algo prohibido por la ley de partidos) y no el pago de una deuda a terceros.

Según explicó el abogado de la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida–Los Verdes, la ley establece unos mecanismos “muy rigurosos” que impiden que se haga ningún tipo de operación en metálico, “precisamente para permitir que sean controlables”. Al tratarse de aportaciones en efectivo, el letrado Martín del Río observa delito y, por ello, apuntó a “una estratagema montada por altos cargos del partido para tratar de justificar la procedencia del dinero”.

Sin embargo, durante el proceso, el PP “solo está aportando testificales y ningún documento”, además de “no reconocer quién recibió el dinero y quién estableció los criterios para financiar a unos afiliados o a otros”. De igual modo, reveló que un testigo “muy cualificado”, que trabaja en el Ayuntamiento de Salamanca y cuyo nombre no quiso desvelar, aseveró en declaración judicial que, tanto en dependencias municipales como en la Diputación Provincial, “se recogieron aportaciones”.

Finalmente, el abogado de la acusación particular anunció la petición de declaración como testigo en la causa del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Entendemos que todo está montado para salvarlo a él, que es el máximo beneficiario de todo esto, y además también hizo aportaciones. Sin este entramado, no sería presidente del partido, ni candidato a la Junta”, concluyó.