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El profesorado está «harto» del papeleo

El profesorado alerta del exceso de burocracia en los centros en el registro de incidencias de CSIF

De las consultas realizadas en el registro de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), una amplia mayoría ha destacado el exceso de burocracia, que se ha multiplicado en el contexto de la pandemia. Testimonios como “lo peor del inicio de curso es el papeleo que se nos exige” es recurrente. El profesorado se siente desamparado y examinado por la administración, que impone plazos muy cortos para la entrega de documentación, una situación que se agrava en el inicio y final del curso escolar.

Por ello, CSIF insiste en su campaña ‘Stop burocracia’, en la que se demanda una reducción de papeleo innecesario, y apoyo a los docentes para que se puedan centrar en su labor pedagógica. El sindicato independiente recuerda los resultados de una encuesta realizada en enero de 2020, en la que más del 90% de los docentes señalaron estar “hartos y frustrados” por el excesivo trabajo burocrático en los centros.

Consideraban que hay determinados trámites institucionales (programaciones y unidades didácticas, memorias y proyectos, planes de contingencia por la pandemia, etc.), que se podrían simplificar, “porque son demasiado complejos y difíciles de interpretar”.

El hastío del profesorado que provocan las tareas burocráticas quedaba reflejado en casi el 100% de las respuestas, que afirmaba que este tipo de tareas provoca desmotivación y malestar, en vez ser un apoyo a sus labores educativas. Los docentes también se muestran preocupados por la implantación de la LOMLOE, que les obligará a adaptar la documentación de centro y de aula una vez más.

En el registro de incidencias, de nuevo destacan las quejas de exceso de horario lectivo y el elevado número de estudiantes por aula en determinados centros. Se han dado valoraciones, como que “tengo más horas lectivas que hace una década, ¿para cuándo recuperar el horario anterior a la crisis?”.

CSIF insiste en que esta es una reivindicación prioritaria e incumplida por la Junta de Castilla y León desde 2019. Subraya que este curso se debe negociar esta bajada de horas lectivas, haciéndola efectiva para el curso 2022/2023. “Reducir el horario lectivo mejoraría la calidad de la educación de nuestra Comunidad, permitiría una atención más individualizada, reduciría los conflictos en el aula y mejoraría la convivencia escolar. Además, este sería el mejor reconocimiento a la labor que el profesorado de la educación pública de Castilla y León ha demostrado realizar sobradamente”, remarca el sindicato independiente.

La bajada de ratio también sería un instrumento esencial en la mejora de la calidad educativa y el rendimiento académico, como también han señalado reiteradamente los docentes en el registro de incidencias.

Además, el profesorado insiste en que los cursos de pandemia están siendo muy duros. Ponen en valor la educación presencial, pero demandan la posibilidad realizar alguna tarea no lectiva de forma telemática. Por ello, el sindicato insiste en que es necesario negociar la regulación del teletrabajo en el ámbito docente, como se ha hecho con el resto de los empleados y empleadas públicas de la Junta de Castilla y León. Asimismo, “nos trasladan quejas sobre la falta de equipos informáticos adecuados e infraestructura, así como problemas de conectividad especialmente en la zona rural”, añade CSIF.

Disciplina escolar e interinos

Por otro lado, la pandemia agrava en algunos casos los problemas de disciplina escolar, como se recoge en algunas afirmaciones del registro de incidencias. Es el profesorado el que se tiene que encargar de que se haga un buen uso de las mascarillas (colocación, reposición, etc.), hidrogel, mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras medidas sanitarias, lo que supone una sobrecarga aun mayor, denuncia CSIF.

Por último, un curso más, se han incorporado de forma tardía interinos en los centros, debido a la gestión de la administración de las adjudicaciones de vacantes y sustituciones, vulnerando los derechos de docentes que no han podido optar a determinadas plazas, y perjudicando la necesaria planificación y organización de los centros en el inicio del curso. Después de las adjudicaciones de vacantes (plazas de curso completo), se han adjudicado 2.409 plazas, 1.152 del cuerpo de maestros y 1.257 en Secundaria y Otros Cuerpos). Además, una queja generalizada son los escasos recursos para la atención a la diversidad y la estructuración de plazas que se ha realizado en el inicio de curso en algunas provincias de forma unilateral y arbitraria.

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