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Castilla y León

La ley regional de la eutanasia sale adelante con el único “no” de Vox

El PP dice que no es “una fricción” en la coalición de Gobierno pero también votó en contra de una propuesta energética de la ultraderecha

Las Cortes de Castilla y León tomaron este miércoles en consideración la proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida, presentada por Ciudadanos, con la que se abre el debate de la dignidad de los pacientes a una vida y muerte digna y el refuerzo de los cuidados paliativos.

El texto contó con 68 votos a favor de los 81 procuradores y 13 en contra, de los parlamentarios de Vox. La ‘popular’ Paloma Vallejo afirmó que no supone una “fricción” en la coalición de Gobierno, porque es un voto en conciencia.

Tras recordar que su grupo se opuso a la ley de eutanasia, manifestó que la norma presentada no es el debate de la eutanasia y lamentó que no exista en España una ley de derechos y garantías, a la vez que repasó los recogidos en la proposición de ley. “Este Gobierno de coalición votará según sus propias convicciones, sin fricción, porque no afecta al programa de Gobierno”, anotó. “Por coherencia, vamos a apoyarla”, precisó.

Sin embargo, el PP se unió también a la oposición y dejó solo a Vox en su exigencia de un plan nacional de soberanía energética. Los ‘populares’ apoyan extender la vida útil de las centrales nucleares pero no programar la instalación de nuevas plantas como demanda su socio.

Eutanasia

Según la exposición de motivos de la proposición de ley sobre el final dela vida, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley de 2003 de derechos y garantías de las personas en relación con la salud, el nivel de autonomía en las decisiones alcanzado por los pacientes, la superación por gran parte de los profesionales y pacientes de una relación paternalista en la prestación de la atención sanitaria, la limitación en la aplicación de medidas de soporte vital en situaciones de irreversibilidad de la enfermedad o el avance de los cuidados paliativos, entre otras cuestiones, han hecho surgir nuevas demandas sociales.

Otro objetivo fundamental de la norma es dar una respuesta legal a los problemas éticos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios que acompañan a las personas que se encuentran ante el proceso final de su vida. “Todo esto ha hecho que sea necesario profundizar más en estos derechos y visibilizar éstos y sus garantías, en un momento concreto de especial vulnerabilidad de los pacientes”, precisa.

La norma se apoya en el respeto a la autonomía y la voluntad de las personas en el proceso final de su vida, presta especial atención al derecho a una información asistencial completa, clara y comprensible y al derecho a la toma de decisiones e incide en la necesaria comunicación entre profesional sanitario y paciente para aplicar un plan terapéutico una vez que la enfermedad ya sea irreversible.

La proposición de ley inicia ahora su tramitación con la apertura de enmiendas, con las que algunos grupos afirmaron que quieren enriquecer la norma, y su debate en ponencia y comisión para volver al pleno de las Cortes para su aprobación o rechazo definitivo.

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