Confirmada la imputación de Iglesias y la gerente del PP por las primarias

La Audiencia Provincial de Salamanca desestimó hoy los recursos presentados por el presidente y la gerente del Partido Popular de la provincia, Javier Iglesias e Isabel González, respectivamente, contra su condición de investigados en la instrucción que el Juzgado número 2 de Salamanca está llevando a cabo por las actuaciones realizadas por la formación durante el proceso de primarias del partido en Castilla y León. Tras esta decisión ahora solo falta que la justicia dirima si hubo financiación ilegal del partido o no.

La Audiencia ratifica así la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca de noviembre de 2021, en la que acordó llamar a declarar, en calidad de investigados, tanto al Partido Popular de Salamanca como al presidente y a la gerente de la formación, por considerar que existen “indicios racionales” de un presunto delito de financiación irregular en sus actuaciones durante el proceso de primarias de los ‘populares’.

En el auto, al que ha tenido acceso Ical, la Audiencia Provincial esgrime que la declaración de ambos como investigados “puede ser útil para la averiguación de los hechos y la identificación de los culpables”, por lo que “no se considera superflua”, como ambos pretendían que se considerara con su recurso. Además, la sala salmantina recuerda tanto al presidente del PP de Salamanca como a la gerente de la formación que, con la investigación, “se les ofrece la posibilidad de dar las explicaciones oportunas para combatir la imputación delictiva”.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Salamanca desestimó los recursos de Iglesias y González y ratificó la llamada como investigados realizada el pasado mes de noviembre de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca.

Según el relato de los hechos que realizó el juez en aquel momento, a fecha de 31 de diciembre de 2016 constaban un total de 4.913 afiliados del PP de Salamanca sin estar al día de la cuota. No obstante, tras la convocatoria de las elecciones primarias en el partido a nivel autonómico, se abrió un proceso de actualización y pago de las cuotas de los “afiliados morosos”, dado que solo podían votar quienes estuvieran al corriente de pago entre lo días 10 y 17 de marzo de 2017. Esta iniciativa se llevó a cabo, siempre según el auto del Juzgado de Instrucción, a instancias del presidente del partido en la provincia, Javier Iglesias, mientras que a la gerente de la formación se le aportaron los listados con los militantes que tenían deudas.

Mediante este proceso, se amortizó una deuda por cuotas de afiliados por valor de 61.937 euros, de los que 20.447 euros se corresponden con pagos y transferencias de los propios afiliados morosos, mientras que 41.490 euros se obtuvieron mediante cuotas abonadas por cargos electos, personal de confianza y afiliados voluntarios que colaboraron voluntariamente en el pago de cuotas de los militantes morosos. Sin embargo, el juzgado considera que sólo se ha podido seguir el rastro de 17.350 euros mediante declaraciones juradas, por lo que quedarían “sin justificar” otros 24.140 euros, cantidad que considera que puede calificarse como una “donación anónima ilegal”.

Por ello, llamó a declarar como investigados ya a principios de este año al presidente y a la gerente del PP de Salamanca, que en ambos casos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que la Audiencia Provincial resolviera ambos recursos interpuestos contra su calificación como investigados en la causa, algo que se hizo efectivo en las últimas fechas con la ratificación de su condición de investigados por parte del órgano superior judicial salmantino.

Reacción del PP

El Partido Popular de Salamanca destacó este jueves que el auto emitido por la Audiencia Provincial, ratificando las declaración como investigado en la causa por las primarias del PP en 2017 de su presidente, Javier Iglesias, “reitera en diversas ocasiones que la citación a declarar en calidad de investigado es una garantía procesal del derecho de defensa, sin que ello implique que de forma necesaria el procedimiento se dirija de forma definitiva contra él y mucho menos la supuesta culpabilidad del mismo en los hechos investigados”.

Igualmente señala, según subrayaron los ‘populares’ mediante un comunicado remitido a Ical, que en lo relativo al presidente provincial del partido “el hecho de que la idea de efectuar aportaciones se le ocurriera o fuera alentada por él no constituye ningún tipo de ilícito, siempre que se hubiera respetado lo prescrito en la Ley de Financiación de Partidos Políticos”.

Cabe señalar que en el día de hoy han sido notificados los autos de la Audiencia Provincial de Salamanca que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca el 24 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de ese mismo año. La primera acordaba recibir declaración como investigados al Partido Popular de Salamanca, al presidente provincial, Javier Iglesias, y la gerente provincial, Isabel González.

El PP considera, asimismo “muy relevante” destacar que el Tribunal ratifica el razonamiento expresado por el mismo en otras resoluciones anteriores en el sentido de considerar que “el pago de cuotas de afiliados por terceras personas, siempre que dicho destino esté acreditado y que las terceras personas estén perfectamente identificadas, constituiría un supuesto de pago de deuda de tercero amparado en el artículo 1.158 del Código Civil, y, en consecuencia, la conducta del investigado no tendría relevancia desde el punto de vista penal”.

En este sentido, y sobre las “dudas” que pudieran haber surgido sobre los justificantes bancarios aportados por diferentes personas para acreditar sus aportaciones para el pago de cuotas de afiliados, la causa de que se acordara la citación a declarar como investigados, la Audiencia Provincial considera “relevante” valorar que las personas que aportaron los recibos bancarios “hagan además una declaración formal jurada”. El PP subrayó esta afirmación, puesto que “tales declaraciones juradas ya han sido aportadas al procedimiento judicial con posterioridad a que se presentaran los recursos, sin que por dicho motivo pudieran ser tenidas en cuenta por el Tribunal a la hora de resolverlos”.

Igualmente, el PP recordó en este punto que, citando lo publicado en “un medio de comunicación”, se pudo conocer hace algunos meses que el Tribunal de Cuentas había considerado que el pago de cuotas de afiliados del Partido Popular de Salamanca con dinero aportado por cargos públicos u otros afiliados “no suponía infracción de lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos Políticos”. “Habiéndose solicitado en su día por el Juzgado al Tribunal de Cuentas la remisión de lo dispuesto por el último sobre este asunto, a día de hoy no consta a las partes del proceso que se haya remitido tal información por el Tribunal”, apuntó el partido.

Por otra parte, recordó el PP, la resolución del juzgado de 29 de noviembre de 2021 rechazó la petición de la acusación popular, ejercida por Foro de Izquierdas-Los Verdes, para que se citara a declarar a las personas que habían aportado los justificantes bancarios de sus aportaciones.