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El Ayuntamiento cobra parte del agua de 2022 con la subida de 2023

El PSOE califica de “abusiva” la aplicación del “tarifazo” en el recibo del agua a miles de salmantinos
La concejala de Medio Ambiente, Miryam Rodríguez, hace de azafata en una cata de Aqualia este miércoles.

El Ayuntamiento está realizando un cobro incorrecto del consumo de agua. En el primer recibo trimestral de 2023 se está aplicando la subida del 8,7 % fijada por el Gobierno municipal del PP a todo el periodo de facturación, que incluye principalmente consumos del año pasado.

 

El grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca considera totalmente “abusivo y desproporcionado” el “tarifazo” que se está aplicando a la ciudadanía en la factura del agua.

“Se están cobrando consumos de 2022 a precios de 2023”, una aplicación que no sólo se está produciendo en conceptos variables de las facturas, es decir, en función del consumo concreto de cada familia en su vivienda o de cada empresa en su establecimiento, sino que también se está aplicando a conceptos fijos, como la cuota de suministro de agua potable de uso doméstico, indicó el portavoz socialista, José Luis Mateos.

“Lo lógico es que en consumos previos al 1 de enero de 2023, que es cuando entran en vigor las nuevas tarifas, se apliquen precios y tarifas del año 2022, anteriores a la subida de casi el 9 %”, denunció.

Ante esta situación “gravosa” para la ciudadanía salmantina, el PSOE exige la paralización inmediata de todos los cobros que se están realizando por parte de la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Aqualia, para que no se aplique este “tarifazo” a conceptos y consumos del año pasado, así como el prorrateo debido para aplicar las tarifas de cada año al periodo correspondiente y una compensación de oficio en el caso de que el cobro ya se haya producido.

Por otra parte, el grupo municipal socialista ha recordado el problema existente con la lectura de contadores y que está afectando directamente y por sorpresa a los consumidores al revisar sus facturas. “Nadie avisa para saber a qué hora van a ir verte el contador y tampoco existe un protocolo que garantice que efectivamente han ido a verlo, pero sí se está cobrando un recargo a los usuarios por este motivo”, ha señalado el concejal socialista José María Collados.

La nueva ordenanza fiscal de agua aprobada por el Gobierno municipal del PP para este año 2023 impone un recargo cuando no es posible acceder a la lectura del contador durante tres periodos de facturación consecutivos. Sin embargo, ha asegurado, “este concepto ya se está cobrando con efecto retroactivo y es completamente ilegal que, por ejemplo, le llegue un recargo de 30 euros a gente que tiene un garaje porque no han podido leer el contador, porque si nadie te avisa, nadie está allí día y noche esperando a ver si viene el técnico del agua a mirarlo”.

Los concejales del PSOE han trasladado esta problemática tanto al consejo sectorial de consumo como a la comisión informativa de Hacienda, sesiones en las que “el equipo de gobierno del PP ha demostrado que prefiere mirar para otro lado”.

Por ello, reiteran públicamente su exigencia para que la empresa concesionaria proceda a la “devolución inmediata de este cobro indebido” y a la búsqueda de una solución para la correcta lectura de contadores.

“A quien está beneficiando la subida del agua y la aplicación abusiva del ‘tarifazo’ es a la empresa concesionaria, porque es la que realiza los cobros y la que recibe el dinero en primera instancia, luego ya ingresa el canon correspondiente al Ayuntamiento”, ha concluido el portavoz socialista, al tiempo que ha señalado la complicidad del Gobierno municipal con la parte beneficiaria, como quedó demostrado en la jornada de ayer, Día Mundial del Agua, “cuando vimos brindar a la concejala de Medio Ambiente con un representante de la empresa, aunque no sabemos si lo que en realidad celebraba era el ‘tarifazo’ que están aplicando”.

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