La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (Pbpcyl) ha denunciado las “irregularidades” cometidas por la Diputación de Salamanca estableciendo un sistema de voluntarios en el parque de Ciudad Rodrigo, al que destinaban 440.000€ cada seis meses.
Esa situación es la que ha dado pie a la Fiscalía de Salamanca para denunciar por prevaricación y malversación al presidente de la Diputación, Javier Iglesias. Además, ante este movimiento judicial, los bomberos profesionales insisten en su postura de que se cumpla la ley y se establezca en Miróbriga un parque público con bomberos funcionarios de carrera.
Una vez conocida la demanda contra Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, por parte de la Fiscalía a raíz de la denuncia de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León por establecer un sistema de voluntarios mediante gestión indirecta en el parque de Ciudad Rodrigo (destinando 440.000€ cada seis meses), desde Pbpcyl han insistido en su principal demanda: “que se cumpla la ley”.
Recalcan que la Diputación debe establecer en Miróbriga un parque profesional público de gestión directa y “sacar las plazas de bombero funcionario de carrera, como marca la ley y así nos han dado la razón desde los juzgados”.
“Si alguien quiere ser funcionario de carrera, tiene que pasar unas oposiciones y la Diputación tendrá que sacar las plazas. Pero desde el año 2007 que está la ley, no lo han querido entender, y siguen haciéndolo mal y sacando las plazas a gestión indirecta”, lamenta el presidente de la plataforma, José Ignacio García en declaraciones a La Crónica de Salamanca.
Ante este “agravio contra los funcionarios de carrera”, como califican al sistema de “gestión indirecta en el parque de Ciudad Rodrigo”, establecido por la Diputación de Salamanca, en el que “los ‘voluntarios’ constituidos en empresa privada adjudicataria” recibían “más de 440.000€ cada seis meses”, la plataforma de bomberos profesionales, que ya lo denunció “hace unos años”, dio traslado a la Fiscalía, logrando paralizar la “irregularidad” una vez que el juez decretó medidas cautelares.
Ahora, la Fiscalía ha demandado a Javier Iglesias por prevaricación y malversación por esta misma cuestión. Para la plataforma, aunque insisten en que el presidente de la Diputación “tiene que cumplir la ley”, reconocen que, “lo que haga la Fiscalía, ellos sabrán. Si Iglesias ha cometido delito tendrán que verlo y denunciarlo”.
No obstante, matizan que, “entendemos que ha habido irregularidades”, reclamando que “se cumpla la ley” y “quien no la haya cumplido, que se atenga a las consecuencias de lo que dicte la justicia”.
“Esperamos que los juzgados hagan su trabajo y vean quiénes han permitido que un contrato de emergencia, que está contemplado para situaciones en las que haya un interés nacional como en la pandemia, se haya utilizado para seguir manteniendo algo que, a todas luces era ilegal”, señala García, añadiendo que, Javier Iglesias “ha sido alcalde de Ciudad Rodrigo hasta el año 2015 y era el que teóricamente firmaba cosas, y ahora como presidente de la Diputación ha seguido manteniendo aquello”.
Respecto a personarse como acusación en la causa judicial, el presidente de la plataforma aclara que, “es una cuestión que tendremos que tratar si el juez admite la denuncia a trámite”, y solo en ese caso “lo valoraremos”.
Objetivo
Tal y como ha expuesto José Ignacio García, desde la plataforma defienden que, “lo que no se puede hacer es seguir con un modelo totalmente ilegal en el que una asociación de ‘voluntarios’ haga de empresa privada y se autocontraten con un dinero que les da la administración”. En este sentido, puntualiza que, “en Ciudad Rodrigo les daban más de 440.000€ cada seis meses”.
“La figura del bombero voluntario no existe, es voluntario colaborador para la extinción de incendios. Es muy fácil de entender que un voluntario es altruista y, si cobra, ya no es voluntario. Además, en la Ley de Voluntariado de 2015 (y en la ley de Castilla y León del 2006) se dice muy claro que el voluntariado nunca podrá sustituir al trabajo remunerado, ni aquellas obligaciones que tenga la administración”, recuerda.
En base a ello, insiste en que, “una obligación de la administración es la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en las localidades de menos de 20.000 habitantes, y esto recae en las Diputaciones”. Por tanto, exigen “que se cumpla la ley, que dice que, en Ciudad Rodrigo tiene que haber un parque de tipo 2, que tiene que tener tres funcionarios de carrera las 24 horas del día los 365 días del año”.
“Es muy fácil, el dinero que se derivaba para contratar a los ‘voluntarios’ de Ciudad Rodrigo, que se destine a un parque profesional público con funcionarios de carrera. Y, si estos ‘voluntarios’ quieren seguir siendo colaboradores para la extinción de incendios, que lo sean. Pero que sean altruistas y lo hagan sin cobrar”, concluye.
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