En el artículo anterior aludimos a que la Inquisición prohibió el Lazarillo de Tormes pero permitió editarlo veinte años más tarde expurgado, es decir, con supresiones de texto. Este Lazarillo castigado, como se le conoce, es interesante porque muestra que la crítica a las malas costumbres de los clérigos no es algo que preocupara a los inquisidores, que permitieron los capítulos satíricos contra el clero secular. Aparte de frases sueltas, suprimieron un capítulo muy corto dedicado a un fraile mercedario, un religioso del clero regular, y sobre todo el capítulo largo del buldero porque las bulas, el pago de dinero para conseguir indulgencias, habían sido la causa principal de que Lutero se rebelara contra Roma y la Iglesia católica comenzando así el protestantismo.
En ese capítulo de la novela Lázaro no participa, se limita a describir y ser un mero espectador. Con su natural humor, no cuestiona la legitimidad de la bula sino que denuncia las sotiles invenciones y mañosos artificios de los bulderos. En la obra, un comisario de Cruzada compinchado con un alguacil fingen un milagro y consiguen así que la gente, antes reacia, compre la bula, que no era más que una hoja impresa con los beneficios espirituales concedidos en la que se dejaba un espacio en blanco para escribir el nombre del agraciado.
La bula de Cruzada, que en origen fue otorgada por los Papas a los Reyes para la guerra contra los musulmanes, era uno de los ingresos más importantes de la Corona. Comprándola por unos reales los fieles obtenían indulgencias y remisión de las penas por los pecados cometidos. Era una especie de impuesto universal, tan universal que hasta afectaba a los difuntos dado que sus herederos, contribuyendo económicamente, podían acortar el tiempo de castigo de las ánimas en el Purgatorio.
El problema era que su compra era voluntaria y por tanto la Corona no sabía de antemano lo que se iba a recaudar, como sí lo sabía con impuestos como la alcabala que pagaban las ciudades o el subsidio con el que contribuía la Iglesia. Con la bula de Cruzada la incertidumbre era total, lo que daba pie a que los bulderos emplearan todo tipo de medios persuasivos para que la gente la comprara, lo que incluía el engaño y cualquier clase de trapacería, como denuncia el autor del Lazarillo.
En principio, la Corona adjudicaba el cobro de la bula a un banquero o gran mercader, quien adelantaba el dinero a cambio de la recaudación de la bula. Además de recuperar lo invertido, el banquero quería sacar un beneficio y subcontrataba por zonas con otros mercaderes que, a su vez, contrataban a clérigos sin muchos escrúpulos para que predicaran por los pueblos y sacaran el dinero a la gente. Era una maquinaria infernal que había sido objeto de denuncia por Las Cortes en varias ocasiones.
En 1551, y debido a las necesidades financieras cada vez mayores de la Corona, se produce un cambio a peor. Se decide adjudicar la bula de Cruzada en una subasta al mayor postor, quien luego tendrá que emplearse a fondo para recuperar el dinero invertido y sacar un beneficio. La bula se solía conceder cada tres años por el Papa y en 1553 ya tocaba. Este año era General de los jerónimos fray Juan Ortega, quien iba a tener que preocuparse por el asunto dado que de los dos monasterios que tenían la exclusiva para imprimirlas uno de ellos era de su Orden: el monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid. El otro era el convento dominico de San Pedro Mártir de Toledo.
Como cabeza de la Orden, fray Juan de Ortega podía sentirse responsable de cualquier fraude que se hiciera en la predicación de las bulas, aunque él solo era responsable de su impresión, que se hacía entre fuertes medidas de seguridad. La imprenta estaba en el monasterio pero el trabajo se contrataba con un impresor y sus oficiales, que eran vigilados de cerca. Había una reja de hierro en la ventana de la sala donde estaban las prensas, la puerta se cerraba con dos llaves que guardaban religiosos de confianza, se llevaban libros de cuenta con las bulas que salían y las que sobraban…todo un arsenal de medidas para evitar engaños.
Lo que ni el monasterio ni el General de los jerónimos podían controlar eran los métodos que utilizaban los bulderos que predicaban para sacar el dinero a la gente. Todo parece indicar que, sensibilizado por esta cuestión, fray Juan de Ortega hizo, con tono jocoso, la denuncia que leemos en el Lazarillo de Tormes y que sería cinco años después censurada por la Inquisición, no por ser anticatólica sino por ser un asunto muy sensible de litigio con los protestantes.
Es curioso que cuando la novela llevaba ya unos meses en la calle y se leía por todas partes, en la primavera de 1554 una pragmática del emperador siendo regente el príncipe Felipe llevó a cabo una profunda reforma del sistema de cobro de las bulas para evitar fraudes, como si la publicación del Lazarillo hubiera servido de revulsivo para acabar con unas prácticas abusivas con las que hasta entonces nadie había podido acabar.
La pragmática estableció que el cobro se hiciera por personas de confianza designadas por los concejos de cada pueblo, que las bulas fueran firmadas por el comisario general de Cruzada y tres religiosos que fueran letrados para evitar falsificaciones, que la predicación la hicieran franciscanos, dominicos y agustinos, que recibirían su salario del Rey y no del banquero concesionario… En fin, un conjunto de medidas de reforma que lograron que durante tres siglos el cobro de las bulas se hiciera de manera eficaz y sin protestas, según dejó constancia en el siglo XIX José Fernández Llamazares en su Historia de la bula de la Santa Cruzada.
¿Fue la publicación del Lazarillo la que logró este éxito? ¿Fue el hecho de que en la Corte se sabía que lo había escrito un influyente religioso? Es difícil asegurarlo, pese a las coincidencias, pero lo cierto es que en mayo, cuando se publicó la pragmática de reforma, el príncipe Felipe se vio en el monasterio de Yuste con fray Juan de Ortega, encargado de dirigir las obras de la casa que se iba a construir junto al convento para que el emperador Carlos V pasara allí lo que le quedaba de vida.
Por. Antonio García Jiménez. Biblioteca Nacional.
