La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio lleva al Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de las ayudas alquiler de vivienda, que reparten 40,66 millones entre unos 18.500 solicitantes a los que se le ha reconocido la concesión de las mismas, tras seis meses de análisis de la documentación.
ICAL. Así lo recoge la orden del 3 de junio, publicada este jueves en el Bocyl, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda.
Este lunes, Medio Ambiente publicó en el Bocyl la ampliación del crédito de estas ayudas, que contemplaban 19,72 millones para la convocatoria de 2023, a los que se podía añadir otros 14 millones. Esta esta modificación de la cuantía total se conoció días antes de que se cumpliera la fecha límite para resolver las ayudas, que debían cerrarse antes del 15 de junio.
Vivienda lanzó llamamientos a unos 8.400 solicitantes para que subsanaran algunas cuestiones y aportaran documentación extra en marzo, abril y mayo. En total, la Consejería recibió28.220 solicitudes, un 14,15 por ciento más que las 24.721 peticiones de la anterior edición. De ellas, 6.294 llegaron a las ventanillas de la Administración autonómica de forma electrónica -1.980 de renovación- y 21.926 de forma presencial.
Línea de ayudas
Estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso a sectores de la población con recursos económicos limitados. Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad, que sean titulares de un contrato de alquiler, de cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.
En esta ocasión, se incorporó la opción de renovación para beneficiarios que no hayan visto modificadas su situación, lo que ha agilizado la revisión de los expedientes, porque no se ha pedido presentar de nuevo toda la documentación, salvo los recibos bancarios y un anexo si viven mayores de 14 años. Esta medida llegó después de las críticas del pasado año cuando se cerró en octubre, tras gestionar el Bono Alquiler Joven.
Además, en cuanto a renta, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (23.725,8 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros). El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.
En la convocatoria de 2022, se incluyó por primera vez el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, siempre que su importe no supere los 150 euros si se ubica en un municipio del medio rural y 200 euros en el resto.
