El Partido Popular y Vox han despejado finalmente el futuro político de Aragón. A solo diez días de que expirara el plazo legal, ambas formaciones han cerrado un acuerdo de gobierno que permitirá la investidura del popular Jorge Azcón. El pacto, firmado en la víspera del día de San Jorge, otorga a la formación de Santiago Abascal un peso institucional superior al obtenido en otras comunidades, incluyendo una vicepresidencia.
El nuevo organigrama aragonés contará con nueve consejerías, de las cuales tres estarán en manos de Vox. Concretamente son las de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y una tercera de Medio Ambiente y Turismo.
Otros puntos del acuerdo:
- Vicepresidencia para Vox: La formación liderada en Aragón por Alejandro Nolasco ostentará este rango en una de sus tres carteras.
- Representación en el Senado: El senador por designación autonómica correspondiente a la coalición será de Vox.
- Influencia reforzada: Nolasco ha subrayado que habrá «más Vox que en Extremadura», justificándolo por el mayor porcentaje de votos obtenido en la región.
La polémica de la «prioridad nacional»
Al igual que ocurrió en Extremadura, el concepto de «prioridad nacional» se convierte en el eje vertebrador del acuerdo, afectando directamente al acceso a vivienda, ayudas y servicios públicos.
Ante las dudas sobre la legalidad de esta medida -cuestionada incluso por sectores del PP como Isabel Díaz Ayuso-, Jorge Azcón ha dicho que «no habrá nada fuera de la ley». El futuro presidente ha garantizado que cada paso contará con los informes favorables de los servicios jurídicos y la intervención general. Sin embargo, este criterio tiene unos tintas racistas incompatibles con un gobierno democrático.
Por su parte, Alejandro Nolasco ha concretado que esta prioridad se traducirá en «baremos más restrictivos», priorizando factores como los años cotizados o el arraigo en España a la hora de conceder ayudas sociales.
Un acuerdo bajo la lupa nacional
Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado filas con el pacto pidiendo que se juzgue «lo que está escrito» y no las interpretaciones externas. Fuentes populares defienden que el criterio de arraigo es tan válido como el de renta, descartando que se trate de una exclusión sistemática de la población inmigrante.
