El deterioro del Sistema Sanitario Público durante los últimos años es resultado de las políticas de reducción del gasto impulsadas por el Gobierno del PP para afrontar la crisis del 2008, las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea y el interés de numerosas empresas en privatizar progresivamente la asistencia sanitaria por ser un importante nicho de negocio para aseguradoras o empresas de provisión de servicios, en connivencia con gobiernos autonómicos “sensibles” a sus presiones, junto a la incapacidad o falta de voluntad del Gobierno para afrontar decididamente el problema argumentando que la asistencia sanitaria es competencia de las comunidades autónomas.
Es importante saber que ha sucedido, de dónde venimos y dónde queremos ir, para lo que es importante conocer que propuestas de mejora son susceptibles de ser aplicadas en cada nivel de responsabilidad, por el Gobierno central y por los gobiernos autonómicos. Hoy esta columna aborda algunos aspectos que son responsabilidad, o en los que puede influir, el Gobierno de España.
Modificaciones legislativas imprescindibles
La primera de todas las medidas posibles que puede tomar el gobierno de coalición, si de verdad quiere defender el sistema sanitario público, es derogarla Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión. Si no adopta esta medida el resto son fuegos de artificio para distraer al personal. Esta Ley ha permitido a las comunidades autónomas la privatización del sistema bajo el eufemismo de “colaboración público-privada”, colaboración que ha beneficiado sobre todo al sector privado.
Es también su responsabilidad desarrollar la Ley General de Salud Pública (33/2011) para coordinar los Servicios de Salud Pública con el sistema asistencial (necesidad evidenciada en la pandemia Covid) y, para ello, poner en marcha la Agencia de Salud Pública, así como elaborar un Plan Integrado de Salud, contemplado en la Ley General de Sanidad, que establezca de forma consensuada las prioridades del Sistema Nacional de Salud (SNS) en base a las necesidades de la población.
Otros aspectos trascendentes, con notable influencia en el control del gasto y la seguridad de los pacientes, son implementar una política farmacéutica racional y sostenible y crear un organismo independiente que evalué los nuevos recursos tecnológicosantes de su introducción en el sistema, así como regular los conflictos de interés de políticos, gestores sanitarios y profesionales en ambas áreas (industria farmacéutica y tecnología sanitaria). En el mismo sentido es preciso prohibir a políticos y gestores sanitarios “las puertas giratorias”.
Política de recursos humanos
La planificación de recursos humanos es esencial. Se necesita aumentar el número de profesionales sanitarios e incentivar la permanencia en zonas rurales y puestos de difícil cobertura. Para ello es preciso mejorar las condiciones laborales de los profesionales (con especial atención a la penosidad de las guardias de 24 horas) y la conciliación laboral. También es necesario aplicar la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (53/1984), que no permite percibir dos remuneraciones de la Administración Pública, y además estimular la dedicación exclusiva al sistema, desarrollandola Alta Inspecciónpara garantizar el cumplimiento de la legislación vigente por la propia administración.
Por lo que respecta a la formación de los profesionales, además de facilitar la formación clínica continuada, también es responsabilidad suya garantizar y mejorar la formación en Atención Comunitaria, y adquiere especial importancia modificarel actual sistema MIR-FIR-EIR convocando todas las plazas docentes acreditadas y garantizando la calidad de la formación que se ofrece a través de ellas.
Separación inequívoca de la asistencia pública y privada
Otro aspecto sustancial es desincentivar el aseguramiento privado (más del 20% de la población tiene contratado seguros privados de ‘bajo coste’ que ofrecen una atención de mala calidad y derivan los casos graves y de elevado coste al sistema público); suprimir las desgravaciones fiscales a los seguros sanitarios contratados por las empresas, que aprovechan las ventajas fiscales para concertar seguros privados; estimular el aseguramiento público de los ciudadanos incluidos en otros sistemas (mutualidades) y evitar la práctica de las aseguradoras privadas de “sugerir y estimular” el paso al sistema público de pacientes con enfermedades graves o crónicas que suponen un coste económico elevado para las aseguradoras.
Financiación e integración del sistema
Para todo lo anterior es imprescindible mejorar la financiación del sistema asegurando un gasto sanitario que se acerque a la media europea y desarrollando un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice una financiación finalista conforme a las características de cada Comunidad Autónoma y que corrija las desigualdades mediante fondos de compensación. Este nuevo modelo debe mejorar la financiación de la atención primaria, hasta que alcance como mínimo el 25% del total del presupuesto.
Todo lo anterior se puede enmarcar en un nuevo modelo de puesta en valor de la Atención Primaria basado en la Salud Comunitaria, dotándola de los recursos económicos necesarios, y una mejora de la atención hospitalaria, en un contexto cultural y profesional de estrecha colaboración entre ambos niveles, desarrollando los procesos asistenciales compartidos y la utilización de protocolos comunes. Por lo que respecta a la atención hospitalaria es necesario aumentar el número de camas hospitalarias públicas de media y larga estancia para descongestionar los hospitales de agudos.
Otros aspectos
La digitalización del sistema es clave para optimizar la atención. Historias clínicas interoperables, telemedicina y herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar diagnósticos y seguimientos, reduciendo la presión asistencial y las listas de espera.
Finalmente, urge priorizar la salud pública y la prevención, invirtiendo en educación sanitaria, vacunación y promoción de hábitos saludables, reduciendo así la incidencia de enfermedades crónicas y el gasto sanitario a largo plazo.
Obviamente, para la puesta en marcha de todas estas medidas es necesario un compromiso explícito con el sistema sanitario público, algo que no parece estar demasiado claro hasta la fecha.
Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel
1 comentario en «Los recursos sanitarios (parte primera)»
Bueno de momento yo creo que esto es una utopía mientras que no toquemos fondo y peguemos una patada en el fondo de la piscina para subir seguiremos bajando todavía desde hace 10 años que es cuando yo voy más al médico vamos completamente a peor si antes una cita de médico de cabecera podías esperar de un día para otro ahora tienes que esperar 10 días pero ya los especialistas cuando te miran te citan para diez meses más tarde u ocho pero es que después te alargan otros dos o tres cuando te falta un mes para la cita te la vuelven a alargar tres meses otra vez así que yo ya no digo cuando tengo una cita hasta que hasta el día siguiente de haber ido porque siempre están mandando mensajitos para trazar atrasar las citas y que vayas el menos tiempo posible a los médicos