Plantas de biocombustibles: ni amenaza, ni solución mágica

La provincia de Salamanca está pendiente de la construcción, en varios puntos, de plantas para la producción de biocombustibles. Las plataformas Stop Biogás, grupos ecologistas y vecinos de municipios como Babilafuente, Machacón, Doñinos o Villamayor llevan tiempo mostrando su rechazo a los proyectos, tanto en la zona rural como en la capital.

En la actualidad, las plantas de biocombustibles de las que se tiene constancia en la provincia charra son, según la plataforma Cuidamos Villamayor, las siguientes:

• Babilafuente: biotenol y biometano.
• Doñinos: sandach, biometano, biogás e hidrógeno.
• Machacón: biometano.
• Montejo: hidrógeno.
• Gajates: lodos.
• Tornadizos: biometano.

Por su parte, empresas como Genia Bioenergy, que proyectan las instalaciones de Machacón y Cantaracillo, insisten en que se cumplen los requisitos legales, descartan riesgos y prometen nuevos empleos.

Para lograr otro punto de vista, La Crónica de Salamanca ha contactado con un experto académico. Se trata del profesor de la Universidad de Salamanca (Usal) Ignacio Jiménez Morales, del departamento de Química Orgánica de la Escuela Superior Politécnica de Zamora, y que centró su tesis doctoral en la preparación de biodiésel. Para él las plantas de biocombustibles “no deben verse como una amenaza, pero tampoco como una solución mágica”.

“Su viabilidad cerca de zonas habitadas requiere una gestión cuidadosa, centrada no solo en la rentabilidad, sino en la convivencia con las personas y el entorno”, explica. En el momento actual “la sostenibilidad se ha convertido en una exigencia social” y, por ello, “no basta con generar energía limpia: también hay que hacerlo de forma justa, segura y transparente”.

Como recomendación para lograrlo, el experto hace hincapié en moderar el tamaño de las instalaciones. “Una solución factible se basaría en el empleo de una red de plantas pequeñas, modulares y adaptadas a las necesidades de cada zona”, que serían “más fáciles de integrar socialmente” y permitirían favorecer “el aprovechamiento más sostenible de los recursos locales, como purines ganaderos o restos agrícolas”. Esta fórmula también reduciría el tráfico de camiones de largo recorrido y “su contaminación ambiental asociada”.

La creación de plantas de tamaño reducido que permitan la ampliación mediante un sistema modular la defiende también el científico y divulgador Fernando Valladares, que visitó Salamanca recientemente invitado por ‘Barrios por el clima’ y advirtió de que, si cualquiera de estos proyectos “nace grande, lo mejor es que no nazca”.

Distancias establecidas

Otro de los “desafíos” importantes de este tipo de instalaciones es su distancia con los núcleos urbanos. A este respecto, la Junta de Castilla y León anunció en abril que quedaría establecido un mínimo de 1,5 km entre las plantas y la población, una medida que las plataformas que rechazan los proyectos consideran insuficiente pues, aseguran, el problema “no es solo su cercanía a los pueblos, sino su impacto destructivo”.

En cuanto a la distancia requerida, Jiménez señala que esta depende del tipo de planta, su extensión y la región en la que se instale. Con respecto a los cascos urbanos se establece un mínimo de “500 metros para plantas de bioetanol, 1.000 metros para plantas de sandach, 1.500 metros para plantas de biogás y biometano y a partir de 2 kilómetros para plantas de obtención de hidrógeno”.

“No obstante, su ubicación final debe cumplir los requisitos necesarios para mantener la calidad de vida de las zonas habitadas, la posible depreciación de las viviendas y el impacto que pueda presentar sobre el paisaje”, apunta.

Respecto a la normativa que estas instalaciones deben cumplir, el químico del campus de Zamora hace referencia a un informe de impacto ambiental, una evaluación ambiental estratégica, planes de emergencia interior y exterior y autorizaciones integradas ambientales. Existen, además, directivas europeas de obligado cumplimiento, como RED II y el Pacto Verde Europeo.

Sustancias peligrosas

Y es que la seguridad es siempre una de las principales preocupaciones, como reconoce el profesor de la Usal, “ya que las instalaciones basadas en la obtención de hidrógeno o bioetanol trabajan con sustancias altamente inflamables, lo que exige estrictos controles para evitar posibles accidentes”.

En este sentido, la administración regional pide “que la ciudadanía confíe en la actuación de lo público”. Los proyectos de las plantas de biogás cumplen una normativa “muy exigente”, de hecho, “la más exigente que ahora mismo hay a nivel nacional”, según ha enfatizado hace unos días el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Los temidos olores

Otro de los problemas que temen los detractores de los proyectos son los “olores, ruidos y posibles emisiones contaminantes, principalmente en las plantas que procesan residuos animales o lodos”, recuerda Jiménez, o el “tráfico de camiones de gran tonelaje” y su posible aumento de “la contaminación medioambiental y del desgaste de las infraestructuras locales”.

Consumo de agua

“Otro aspecto medioambiental crucial que no se debe de olvidar es el consumo de agua, en especial para plantas de producción de hidrógeno y bioetanol, que requieren elevadas cantidades de agua (4-5 litros por litro de etanol y aproximadamente 9 de agua purificada por cada Kg de hidrógeno), lo que puede repercutir de manera negativa en zonas con estrés hídrico”, detalla Jiménez.

Por ello, y “a pesar de que otras tecnologías como el biogás presentan un impacto menor”, todas “deben garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales que generan” para cumplir con “los requisitos medioambientales” obligados.

Aceptación social

La “aceptación social” es otro de los retos en estos proyectos, afirma Jiménez. Para avanzar en este terreno, recomienda que las empresas establezcan “diálogo con las comunidades locales” y den prioridad al uso de residuos generados en la zona como materia prima, con el fin de generar “autoconsumo energético para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios” (la empresa Genia Bioenergy asegura que así lo ha acordado ya con las granjas de la zona).

Ventajas en zonas despobladas

Entre las ventajas que contempla el experto se encuentran un “impulso de la economía local a través de la creación de empleo, la valorización de residuos agrícolas, ganaderos o forestales y la reindustrialización de zonas despobladas”. Todo ello reduciría “la dependencia energética externa y fomentaría prácticas agrícolas sostenibles”.

Además, explica la propia Usal podría establecer “colaboraciones” con las empresas a través de prácticas para los alumnos de grados como Química o Ingeniería Química Agroalimentaria, o a mediante “proyectos de colaboración público-privada”.

Autoconsumo energético

A estas posibilidades, Jiménez añade otras ventajas. “La gran mayoría de plantas basadas en la obtención de biocombustibles tienen el potencial de contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático. No solo transforman residuos orgánicos o industriales en energía útil, sino que además favorecen la economía circular, reduciendo así, la dependencia de los combustibles fósiles e incluso permiten aprovechar los recursos locales, como purines ganaderos, restos de cosechas o lodos de depuradoras, siendo estos finalmente integrados de manera eficiente en el entorno rural, generando empleo y fomentando el autoconsumo energético”.

Por todo ello, el científico sostiene que este tipo de proyectos son para Salamanca “una promesa sostenible”, pero sólo “bajo condiciones”, advierte.