La Junta de Castilla y León recurrirá el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes habilitado por el Gobierno de España al entender que es “contrario” a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación, lo que podría conllevar un “impacto grave”.
También cuestiona el procedimiento habilitado para la acreditación de las condiciones exigidas sobre su residencia en España.
El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco adoptó esta decisión sobre el recurso, que se presentará en los próximos días, durante la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, una vez examinada la normativa, sin bien todavía no se ha determinado el cauce judicial más oportuno.
Así lo avanzó este jueves en su comparecencia el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
