El PP no cesa en su estrategia de criticar las conexiones ferroviarias de Salamanca y el PSOE replica con una crítica feroz al transporte metropolitano por autobús que gestiona la Junta. Los procuradores socialistas Fran Díaz y Noelia Merino han calificado este miércoles de «pésima e indigna» la gestión de la Junta de Castilla y León respecto al servicio de autobús que conecta los municipios del Alfoz con la capital. Según el PSOE, la falta de inversión y el abandono administrativo mantienen el servicio al borde del caos, afectando a más de 5.000 usuarios diarios.
El PSOE ha registrado una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para exigir responsabilidades ante lo que consideran una situación de «parálisis total». El procurador Fran Díaz ha denunciado que la concesión del servicio está caducada desde el año 2017, lo que sitúa a la prestación en un escenario de «alegalidad» que la Junta, como administración competente, no ha resuelto.
Díaz ha instado al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a que exija soluciones por escrito al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para acabar con un sistema que deja a ciudadanos «tirados en las paradas».
La situación técnica de los autobuses es otro de los asuntos tratados por los socialistas, que describen una flota «tercermundista» y peligrosa para los viajeros. Señalan que muchos vehículos superan el millón de kilómetros, el mantenimiento de los buses deja mucho que desear (dicen que hay goteras y averías recurrentes), las plataformas para personas con movilidad reducida fallan con frecuencia y recuerdan que se han reportado incidentes graves, incluyendo vehículos que han llegado a salir ardiendo.
«¿Dónde están los 65 millones de euros del Buscyl si luego los ciudadanos no pueden llegar a una cita médica o a su trabajo?», se ha preguntado la procuradora Noelia Merino.
Además de las deficiencias técnicas, el PSOE subraya el agravio económico que sufren los municipios del Alfoz. A pesar de que el transporte es una competencia exclusiva del Gobierno regional, los consistorios locales deben asumir parte de la financiación y el mantenimiento.
Noelia Merino, quien también es alcaldesa de Carrascal de Barregas, lamentó que sean los ayuntamientos quienes reciban las quejas directas de los vecinos por un mal funcionamiento cuya responsabilidad recae íntegramente en la administración autonómica.
