A primera hora de este miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Los investigadores han requerido las facturas emitidas por el partido desde el año 2024 y han confiscado varios teléfonos móviles de la dirección socialista.
La hipótesis principal de la investigación apunta a que Santos Cerdán, en estrecha colaboración con la gerencia de la formación, recurrió a facturas falsas y simuladas para retribuir las labores de Leire Díez como «fontanera» de la organización. El objetivo de estas maniobras, según el auto judicial, era boicotear y entorpecer los procedimientos que salpicaban al entorno socialista o al propio Ejecutivo.
El magistrado Santiago Pedraz ha ampliado el alcance de la causa original por el amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas. El juez aprecia indicios delictivos y ha imputado formalmente a una decena de personas por cargos que incluyen organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
La lista de investigados y el rol atribuido por la justicia se estructura de la siguiente manera:
- Santos Cerdán y Gaspar Zarrías: El exsecretario de Organización y el exvicepresidente andaluz lideran la lista de responsables políticos imputados. Sus domicilios en Milagro (Navarra) y Madrid han sido registrados de forma simultánea.
- Ana María Fuentes (Gerente del PSOE): Imputada como presunta cómplice y presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de los pagos a Díez. Fuentes negó recientemente en el Senado la existencia de cualquier tipo de ‘caja B’ en el partido.
- Leire Díez, Javier Pérez Dolset e Ismael Oliver: La exmilitante, el empresario madrileño -cuyo domicilio en Móstoles también ha sido registrado tras aparecer en unos audios clave- y el abogado completan el núcleo principal de la presunta trama.
Asimismo, el instructor ha ordenado investigar al letrado de Cerdán, Jacobo Teijelo, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes. El auto también señala la colaboración indiciaria de Juan Manuel Serrano Quintana (expresidente de Correos) y del diputado jiennense Juan Francisco Serrano Martínez, mano derecha de Cerdán en la Ejecutiva federal.
El origen: del grupo ‘Hirurok’
Esta macrooperación supone una ramificación expansiva del caso que estalló en diciembre con la detención de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Los tres integraban un grupo autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’, en euskera), acusado de cobrar comisiones ilegales valiéndose de su influencia en la Administración pública.
Díez arrastra además otra causa en los juzgados de Plaza de Castilla por orquestar presuntas maniobras para perjudicar a los fiscales y al propio responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, con el fin de frenar sus pesquisas.
En una derivada de máxima tensión institucional, los agentes de la UCO también han entrado este miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil. El objetivo ha sido incautar los expedientes disciplinarios que el propio cuerpo abrió de forma interna a los mandos encargados de investigar al PSOE, bajo la sospecha de que estos hubieran filtrado datos de los casos Ábalos y Cerdán. La presión sobre las filas socialistas se recrudece apenas dos días después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’.
En todos estos casos que se han abierto contra el PSOE y sus dirigentes el PP cuenta casi siempre con una bola de cristal que le permite aventurar las dificultades legales y policiales que les van a afectar. Y suele acertar.
