El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado la comparecencia física obligatoria de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés para el próximo 9 de junio. En un auto donde argumenta que existe «riesgo de eludir la justicia» debido a la gravedad de las penas, el juez advierte de que recurrirá a la fuerza pública si los investigados no se presentan en los juzgados. La citación coincide con un viaje institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Roma.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha convocado a las partes a las 11:00 horas del 9 de junio para celebrar la audiencia preliminar, un trámite que encauza el procedimiento hacia un juicio con jurado popular. Begoña Gómez y el resto de los encausados afrontan acusaciones por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. «Deberán comparecer personalmente los tres acusados, con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública, y con sus respectivos letrados», señala textualmente el auto judicial
A la cita también han sido convocados el representante del Ministerio Fiscal, las acusaciones populares y los representantes legales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ejerce como acusación particular en calidad de perjudicada por el presunto delito de apropiación indebida.
Penas a las que se enfrentan los investigados
El endurecimiento de las medidas de control por parte del juez responde a la suma de las penas asociadas a los delitos que se instruyen en la causa:
- Apropiación indebida: Hasta seis años de prisión.
- Corrupción en los negocios: Hasta cuatro años de cárcel.
- Malversación: Hasta tres años de prisión.
- Tráfico de influencias: Hasta dos años de cárcel.
La resolución del magistrado se ha notificado tras hacerse público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho documento concluye que la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del presidente del Gobierno se constituyó conforme a la legalidad, aunque detectó irregularidades en la gestión del software asociado.
El Gobierno tacha la medida de inédita y desproporcionada
La Moncloa ha reaccionado con dureza ante la decisión judicial, que considera desproporcionada. Diversos miembros del Ejecutivo han llamado la atención sobre el hecho de que las resoluciones más mediáticas del juez Juan Carlos Peinado suelen coincidir con viajes internacionales del presidente del Gobierno, como ya ocurrió durante sus visitas oficiales a China, Nueva York, Brasil o la India. Está previsto que Pedro Sánchez se pronuncie sobre este asunto este miércoles durante un evento sobre nutrición en Roma.
Reacciones en el Consejo de Ministros
- Óscar Puente (Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible): Ha criticado la obligatoriedad de la asistencia presencial a través de la red social X. «En 20 años de ejercicio de la abogacía, jamás se ha exigido la presencia del encausado en una diligencia como esa, de mero trámite», ha subrayado de forma tajante.
- Elma Saiz (Ministra portavoz): Ha defendido la inocencia de Begoña Gómez apoyándose en las conclusiones de la Guardia Civil. «El informe de la UCO es revelador en el sentido de su inocencia. La verdad se acaba imponiendo. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona?», ha cuestionado.
Asimismo, Elma Saiz ha aprovechado su intervención para agradecer el respaldo de los socios parlamentarios del Ejecutivo, destacando la «estabilidad» política como la herramienta clave que ha permitido situar a España a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo, con la vista puesta en mantener los acuerdos de legislatura más allá de 2027.
