Castilla y León lidera la exclusión financiera en España y más de 198.000 personas no disponen en sus municipios con puntos de acceso presenciales a servicios bancarios. Aunque la situación en la Comunidad ha mejorado y entre 2021 y 2024, el número de castellanos y leoneses sin este servicio se ha reducido un 31,8 por ciento (un 25,5 por ciento en España). Según un estudio del Banco de España presentado hoy en Valladolid por la subgobernadora de la institución, Soledad Núñez, todavía son 1.336 municipios, el 59,4 por ciento del total, los que carecen de este tipo de servicio, un 13,8 por ciento menos, debido a que los habitantes de 114 nuevos municipios tienen acceso a ‘ofibuses’ respecto a 2021, principalmente en la provincia de León.
ICAL. En el periodo analizado, el número de puntos de acceso (oficinas, cajero o medios alternativos, se incrementó en Castilla y León un 1,9 por ciento, al pasar de los 4.369 a los 4.451. De ellos, 1.240 son oficinas, 2033 cajeros y el resto, 1.178, medios alternativos.
Núñez manifestó que la inclusión financiera “afecta a la transmisión de la política monetaria, que se transmite mejor si hay bajos niveles de exclusión” y los sistemas financieros resultan “más estables”. “Es la motivación de que los bancos centrales estemos tan interesados en la inclusión financiera. Aunque en general en España es alta, hay focos vulnerables, y entre ellos están las zonas más rurales y con menos población”, determinó, en declaraciones recogidas por Ical.
A nivel nacional, en este período, el número de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios se redujo un 2,5 por ciento, al pasar de 68.883 en 2021 a 67.166 en 2024. A pesar de esta reducción, el número de municipios sin acceso también disminuyó, pero crece la tasa nacional de personas con acceso a estos medios, algo que es consecuencia de que se han reducido los puntos “en zonas donde ya los había y se han puesto nuevos donde no los había, y en conjunto ha mejorado”, expuso Núñez.
Así, al final de 2024, 2.638 municipios -un tercio del total- carecían de acceso presencial a los servicios bancarios en nuestro país, lo que supone 608 menos que en 2021 (una caída del 18,7 por ciento), aunque en muchos de estos casos había oficinas móviles.
En lo que se refiere a la población sin acceso, entre 2021 y 2024 el número se redujo en 219.304 personas. No obstante, 435.340 españoles residen en municipios sin servicios bancarios, lo que implica que la población española sin acceso se redujo del 1,4 al 0,9 por ciento del total.
En términos absolutos, con 198.326 personas sin accesos bancarios presenciales, Castilla y León se sitúa en cabeza por delante de Aragón (58.243), Castilla-La Mancha (41.898), Navarra (32.322), País Vasco (21.575), Extremadura (21.466), Cantabria (15.548), Comunidad Valenciana (12.308), Andalucía (11.767), Cataluña (11.381). Lo mismo ocurre a nivel porcentual, dado que la Comunidad presenta al 8,3 por ciento de población sin servicio, por delante de Navarra (4,7 por ciento), Aragón (4,3 por ciento), Cantabria (2,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (1,9 por ciento) y La Rioja (1,2 por ciento).
En el período 2021-2024, el número de puntos aumentó en La Rioja (5,1 por ciento), Cataluña (3,9 por ciento), Región de Murcia (3 por ciento), Castilla y León (1,9 por ciento) y Navarra (1,4 por ciento), se mantuvo estable en Aragón, Islas Baleares, Galicia y Canarias y se redujo de forma acusada en Cantabria (-13,3 por ciento), Madrid (-10,7 por ciento), País Vasco (-7,1 por ciento), Andalucía (-5,5 por ciento), Asturias (-5,5 por ciento) y Extremadura (-3 por ciento). Solo en 2024, el número de PAC aumentó en Cataluña (4,3 por ciento), Castilla y León (1,6 %), gracias en estos dos casos a las oficinas móviles, yen Baleares (1,37 por ciento) y se redujo en el resto, con caídas destacadas en Cantabria (-8,9 %), Asturias (?6,5 % ), Andalucía (-4 por ciento), País Vasco (-3,5 por ciento) y Extremadura (-3 por ciento).
A nivel nacional, en este período, el número de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios se redujo en el conjunto de España, de 68.883 en 2021 a 67.166 en 2024 (-2,5 por ciento). A pesar de esta reducción, el número de municipios sin acceso también disminuyó. Así, al final de 2024, 2.638 municipios -un 32,4 por ciento del total- carecían de acceso presencial a los servicios bancarios en nuestro país, lo que supone 608 menos que en 2021 (una caída del 18,7 por ciento). Más de dos tercios de esa reducción (431) se produjo el último año.
En lo que se refiere a la población sin acceso, entre 2021 y 2024 el número de residentes en municipios sin PAC se redujo en 219.304 personas, lo que supone un descenso del 33,5 por ciento. Solo en 2024, la población sin acceso disminuyó en 154.251 habitantes. Estas cifras suponen 435.340 residentes en municipios sin PAC al final del período, lo que implica que la población española sin acceso se redujo del 1,4 al 0,9 por ciento del total.
Protocolo de entidades financieras
Soledad Núñez, que compareció junto a la directora general adjunta, de Relaciones Instituciones, Europeas y Transparencia del Banco de España, Inés Calderón, y el autor del informe, Enrique Alberola, recordó que la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito firmaron en julio de 2021 el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, con el entonces Ministerio de Economía y Transformación Digital, a raíz de la creación del Observatorio de Inclusión Financiera, con el que se pretendía “reforzar” la presencia de las entidades financieras en zonas con menos presencia, con lo que “se preveía un esfuerzo para que todos los habitantes de más 500 habitantes tuvieran al menos un punto de acceso, que podría ser un cajero, y hacer un esfuerzo en los pueblos menores de esa población”.
Inmigración
La subgobernadora destacó que el informe contempla en esta ocasión un capítulo nuevo sobre el acceso a este tipo de servicios por parte de la población inmigrante, con un alto peso ya de la sociedad nacional, dato, sin embargo, que solo se encuentra a nivel nacional y no regionalizado.
Así, el uso de la oficina bancaria es algo menor que las preferencias declaradas en los nativos y algo mayor en los inmigrantes, aunque en ambos casos, cercano al 60 por ciento. En los dos, además, la banca online se utiliza unos 10 puntos porcentuales más. Al restringir el análisis a la población comparable, los patrones de uso cambian ligeramente y las diferencias entre nativos e inmigrantes son algo mayores para algunos canales. El uso de la oficina es seis puntos mayor en los inmigrantes que en los nativos (55,9 por ciento, frente al 49,4) y el de la banca online menor (78,5, frente al 85,4 por ciento, respectivamente).
En resumen, ni el uso ni la preferencia de canales bancarios son muy distintos entre nativos e inmigrantes para el conjunto de la población. Al considerar la población menor de 45 años y de renta baja, se perciben diferencias algo mayores en ambos casos, pero tampoco son sustanciales. De hecho, el informe concluye que sesgo algo mayor de los inmigrantes hacia la banca online “podría estar determinado por su menor edad promedio”. Núñez admitió que existe un rechazo de las entidades financieras hacia la apertura de cuentas de pago básicas por parte de los inmigrantes, algo que achacó a un interés “por el corto plazo y la menor renta” del colectivo, y que no compartió, dado que los comportamientos son similares y ya suponen un importante peso de la población.
Conclusiones
Soledad Núñez apuntó que el Banco de España colabora con varias entidades financieras para “evaluar de modo riguroso” el despliegue de medidas específicas, tales como las oficinas móviles o el acceso al efectivo a través de Correos, mediante la realización de experimentos aleatorizados controlados.
La progresiva reducción de puntos de acceso también tiene implicaciones para las zonas urbanas. A su juicio, se observa una “heterogeneidad de accesibilidad” entre las principales ciudades españolas y entre sus distritos, por lo que “se está profundizando en este ámbito”. Por un lado, se consideran también otras características socioeconómicas relacionadas con los riesgos de exclusión, como el nivel de renta o el país de nacimiento y, por otro, midiendo la distancia por desplazamiento en carretera, en vez de en línea recta, en particular en zonas no urbanas.
Cabe destacar la función de la educación financiera para promover la inclusión. El Banco de España ha reforzado su estrategia en los últimos años para potenciar este papel, tendencia que “se consolidará” con el nuevo Plan de Educación Financiera. Para fomentar la coordinación de la inclusión y la educación financiera se ha constituido recientemente el Grupo de Inclusión y Salud Financiera en la institución.
