La Junta de Castilla y León mantiene su intención de presentar un recurso contra el Real Decreto referido al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, si bien eso no impedirá que trate de “aprovechar” y “exprimir al máximo” su contenido, según aseguró hoy el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
ICAL. Minutos antes de participar en Valladolid en un foro sobre vivienda organizado por el clúster Aeice, explicó que la Junta mantiene “diferencias importantes” con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el proceso seguido para elaborar el nuevo plan, porque entienden que no han participado como debería, pese a ser las comunidades las que tienen las competencias en esta materia.
De la misma forma, Suárez-Quiñones trasladó, en presencia de la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio, María Teresa Verdú, que el Gobierno perdió una “magnífica oportunidad” para elevar la financiación, ya que argumentó el Estado ha pasado de aportar un 75 por ciento a colaborar con un 60 por ciento, lo que implica que la Junta multiplique por seis los fondos que tendrá que facilitar, frente al dos del Gobierno.
Asimismo, el consejero argumentó que se trata de un plan “muy rígido” que establece unos “departamentos de inversión muy determinados”, lo que hace que se adapte “poco” a las necesidades de cada territorio. “No hay esa flexibilidad que permitiría sacarle más rendimiento con todo y con ello nosotros vamos a aportar la financiación, los 152 millones”, dijo, con independencia de que recurra junto a otras comunidades.
“Entendemos que hay aspectos del plan muy rígidos, incluso que condicionan la financiación a determinadas figuras que entendemos que son muy ideológicas como el mercado tensionado», agregó.
Retracción
Precisamente, el consejero aseguró que el principal problema de la vivienda en España es la “retracción” del mercado del alquiler, originada a su juicio por la ley estatal de vivienda, que a su juicio ha introducido “temor” entre los propietarios, porque señaló donde se han aplicado las medidas de limitación de precios, previstas para mercados tensionados, han tenido un resultado “negativo”.
“Al mercado del alquiler hay que darle seguridad jurídica, hay que darle tranquilidad, hay que incentivarlo, y desde luego no se hace protegiendo a los ocupas ilegalmente», dijo, ni tampoco “limitando los precios y amenazando a los propietarios”. Por contra, defendió las políticas de la Junta de promoción del alquiler, de “seguridad jurídica” y de asesoramiento a la ciudadanía. “Son medidas adecuadas, pero necesitamos el apoyo estatal”, agregó.
Finalmente, Suárez-Quiñones aludió a iniciativas legislativas aprobadas en el Senado, pero que no se han tramitado en el Congreso de los Diputados, sobre la recuperación de la posesión de las viviendas ilegalmente ocupadas o la modificación de la ley de urbanismo. “Hay una serie de compromisos pendientes estatales que son imprescindibles para que en las comunidades autónomas podamos tener resultados aceptables y adecuados en esta política”, concluyó.
