La fiscal del caso, Begoña García Boró, ha solicitado la libre absolución para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. En la lectura de su informe final, la representante del Ministerio Público ha determinado que ni la fase de instrucción ni las pruebas mostradas en el juicio permiten "desvirtuar" la presunción de inocencia de los once acusados. Además, ha cargado con dureza contra las acusaciones populares, a las que ha afeado un "evidente fraude procesal y atentatorio de la buena fe".
La postura de la Fiscalía debilita la tesis de los denunciantes al argumentar que el puesto de coordinador de conservatorios ya existía hasta el año 2010 y que los actos de trámite previos a su contratación no pueden tildarse de prevaricación. Según la fiscal, solo los datos objetivos y los "thousands de correos analizados" deben guiar la sentencia, señalando que "se desconoce de quién partió la idea" para crear la plaza que finalmente ocupó el músico.
El fiscal desmonta la vía de los perjudicados
La fiscal García Boró ha querido aclarar el episodio relacionado con Cristina de Frutos, una de las candidatas al puesto que envió un correo quejándose de la selección tras conocer que el elegido era David Sánchez. La representante del Ministerio Público ha admitido que fue "descortés" por no responder a aquel mensaje en su día, pero ha recordado un dato jurídico clave: la candidata nunca interpuso una denuncia formal.
"Si hubiera existido denuncia y si hubiera apreciado la existencia de indicios racionales de criminalidad, la que hubiera ejercido la iniciativa hubiera sido la Fiscalía", ha sentenciado.
La defensa de David Sánchez alega indefensión
El bloque de las acusaciones populares -integrado por el PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos, con la única excepción de Manos Limpias- elevó en el último minuto su petición de cárcel para Sánchez y Gallardo, pasando de cuatro a seis años de prisión.
Ante este endurecimiento, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha protestado formalmente ante el tribunal denunciando la "indefensión" de su cliente, al que no se le ha permitido volver a declarar tras modificarse las penas. El letrado ha reclamado la absolución basándose en varios argumentos:
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Falta de autoría en el tráfico de influencias: Ha tildado de absurdo mantener este delito cuando se desconoce "quién es el influyente y cuál es la influencia".
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Derecho al acceso público: Ha cuestionado los vetos hacia su defendido: "A ver si por ser hermano de quien es no va a poder firmar una plaza".
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El correo del "hermanísimo": Respecto a un email de 2017 enviado por un director de orquesta con ese asunto, el letrado ha reprochado que se pretenda "condenar a un señor por un chascarillo".
Sin base contra el expresidente de la Diputación
Por su parte, el abogado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha insistido en la petición de absolución para el expresidente de la corporación provincial. Torres ha sostenido que toda la carga de la acusación contra su cliente descansa únicamente en los testimonios del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, unos indicios que ha calificado como "manifestaciones carentes de base" que no se sostienen con el desarrollo de la propia causa.