Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha testificado este martes que fue un vecino de su edificio quien tomó y le envió la imagen de dos informadores del diario El País. Durante su breve declaración en los juzgados, confirmó que posteriormente reenvió esta fotografía al jefe de gabinete autonómico, Miguel Ángel Rodríguez, aunque su testimonio ha revelado ciertas discrepancias sobre cómo se obtuvieron los datos de contacto de los reporteros.
El origen de la fotografía y el teléfono hackeado
En su comparecencia, que apenas duró quince minutos, González Amador entregó a la magistrada la imagen de la polémica y explicó la dinámica de los hechos ocurridos el pasado 19 de marzo. Según detalló, ni él ni la presidenta madrileña se encontraban en su domicilio en ese momento, por lo que se enteraron de la presencia de los periodistas a través de un chat vecinal.
Para respaldar su versión, aportó la conversación de WhatsApp mantenida con el vecino del ático que le facilitó el material. Sin embargo, no pudo mostrar los mensajes intercambiados con Miguel Ángel Rodríguez, alegando que su teléfono móvil había sufrido un hackeo reciente.
La jueza había solicitado esta declaración tras analizar varios detalles sobre la captura, que se realizó desde una posición de altura, que los agentes de paisano que identificaron a los informadores en la calle confirmaron que no tomaron ninguna fotografía y que el propio jefe de gabinete autonómico había cambiado su versión inicial al salir del juzgado, señalando finalmente a la pareja de la presidenta como el emisor del archivo.
Versiones cruzadas sobre la identificación
A pesar de coincidir en el recorrido de la fotografía, la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso contradice un punto clave de la defensa de Rodríguez. Mientras que el jefe de gabinete aseguró en su momento que González Amador le había facilitado una tarjeta de visita de los periodistas con sus datos, este último negó este martes tener en su poder dicho documento.
Aun así, el equipo legal de Miguel Ángel Rodríguez mantiene que el testimonio ofrecido hoy refuerza la inocencia de su cliente, al confirmar que la fotografía partió del enfado de un residente del bloque.
El origen de la investigación judicial
El caso busca aclarar si el principal asesor de la presidenta madrileña cometió un delito de revelación de secretos. La polémica estalló cuando Rodríguez difundió en un grupo de WhatsApp con varios periodistas la imagen, el nombre y los apellidos de los dos trabajadores de El País. En su mensaje, el jefe de gabinete los acusó de acosar a los vecinos del inmueble, incluyendo a menores de edad, y comparó la situación con las prácticas habituales de las dictaduras.
El asesor autonómico siempre ha defendido que se limitó a hacer un comentario en un foro privado, argumentando que ya conocía previamente a los informadores y rechazando cualquier tipo de filtración irregular o procedencia policial de los datos.