El fiscal César de Rivas ha señalado directamente al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal responsable del espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Durante la reciente sesión del juicio por la conocida como Operación Kitchen, el Ministerio Público ha asegurado que el objetivo real de este entramado parapolicial era sustraer información y grabaciones para boicotear la investigación judicial del caso Gürtel, descartando por completo la teoría de que buscaban fondos ocultos en el extranjero.
Las pruebas del espionaje
La cúpula de Interior, según el relato fiscal, controló en la sombra a Sergio Ríos, antiguo chófer de la familia Bárcenas. Sobre el terreno, la supervisión directa del confidente recaía en altos mandos policiales como el excomisario José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo y Enrique García Castaño. Para sustentar la acusación de este operativo al margen de la ley, la Fiscalía se apoya en diversas pruebas documentales incautadas durante la investigación, como mensajes y anotaciones extraídas del teléfono personal de Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, los diarios personales de Villarejo, donde el excomisario dejaba constancia del enorme interés del ministro por localizar las grabaciones, documentos robados a la familia del extesorero, conocidos como los "papeles de Rosalía Iglesias", notas manuscritas desde la prisión de Soto del Real en las que Luis Bárcenas pedía destruir audios guardados en la nube que implicaban directamente a Mariano Rajoy y Javier Arenas.
Plena consciencia del delito
La acusación subraya que la operación funcionó siempre a espaldas de la autoridad judicial y que sus integrantes sabían perfectamente que cruzaban la línea legal. El Ministerio Público destacó que Francisco Martínez llegó a buscar en su móvil cómo borrar mensajes de texto ante el temor a ser investigado, quejándose en sus notas privadas de recibir instrucciones directas de sus superiores para una misión prioritaria. Del mismo modo, los audios interceptados a Villarejo evidencian que el verdadero fin del operativo era destruir pruebas en lugar de aportarlas al juez instructor.
Peticiones de condena
Ante la gravedad de la trama, que aglutina delitos de malversación de fondos públicos, encubrimiento y vulneración de la intimidad, Anticorrupción mantiene peticiones de cárcel para los implicados:
-
19 años de prisión para el excomisario José Manuel Villarejo.
-
15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz y la misma pena para su número dos, Francisco Martínez.
-
15 años de cárcel para Eugenio Pino (ex director adjunto operativo), Andrés Gómez Gordo y el chófer Sergio Ríos.
-
2 años y medio para Marcelino Martín-Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos.
Trece años después de los hechos, este proceso judicial busca depurar las responsabilidades en uno de los mayores escándalos de uso partidista de las fuerzas de seguridad del Estado. Como medida adicional, el fiscal exige que el Estado asuma la responsabilidad civil subsidiaria y solicita la anulación oficial del cargo de policía otorgado a Sergio Ríos, al considerar que este puesto funcionó como pago por sus servicios como confidente. Los otros 70 agentes de la policía patriótica ahí siguen en activo, tan ricamente.