El término bigtech, o gigantes tecnológicos, hace referencia a las empresas más grandes e influyentes en el sector de la tecnología a nivel mundial. Dominan sectores como el software, la IA y el e-comerce, teniendo un impacto masivo en la economía y en nuestra vida diaria.
El pasado 11 de noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó oficialmente el paquete Omnibus Digital. Este conjunto de propuestas busca simplificar, fusionar y modernizar el marco regulatorio europeo en materia de IA, gobernanza de datos y ciberseguridad. En nuestro país, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, inició el proceso de consulta pública para esta iniciativa durante el pasado mes de marzo.
Legislaciones futuras como la Ley de Equidad Digital, busca proporcionar mayor protección on line frente a prácticas desleales, patrones oscuros o diseños adictivos de las plataformas tecnológicas y el uso de prácticas engañosas, que ya están bajo fuertes presiones de grupos de interés para que se eliminen por completo, incluso cuando la OMS advierte que la adicción en línea está aumentando de forma drástica. Si bien la Comisión Europea aprobó una legislación destinada a frenar los peores excesos del modelo de negocio tóxico de las grandes tecnológicas y limitar su poder monopolizador, ahora ese legado está en peligro. El fuerte gasto en lobby de la industria tecnológica supone un alarmante incremento en su poderío político, precisamente cuando la normativa digital de la UE está con intensa presión política.
En los últimos años las grandes tecnológicas poseen una vasta red de lobby para afianzar sus mensajes en la UE. Desde organizaciones fachada hasta grupos de presión, a la hora de que se hagan eco de sus mensajes, esto supone un pilar fundamental en el poder de influencia de las grandes empresas tecnológicas. Del mismo modo los grupos de expert@s desempeñan un papel fundamental en las organizaciones externas de las grandes tecnológicas, a la hora de proyectar su influencia y su discurso en la agenda política. Si bien la mayoría de estos grupos de expert@s afirman realizar investigaciones independientes, tienen una dependencia económica de las grandes tecnológicas, lo cual pone en tela de juicio su imparcialidad.
Toda la política desarrollada por la UE respecto a las Bigtech debería de alinearse con políticas sociales. Europa está invirtiendo miles de millones de euros para apoyar las industrias tecnológicas limpias, la resiliencia industrial y la autonomía estratégica. Pero sin condiciones que vinculen en lo social, esas inversiones corren riesgos de crear empleos de baja calidad o destruir los existentes sin ninguna red de seguridad. Una Ley de Empleos de Calidad garantizaría que la inversión en competitividad también contribuyese a un mundo del trabajo más justo.
Estamos ante una plena transformación estructural que requiere normas vinculantes, empoderamiento de la clase obrera e inversión compartida. Para ello la UE debería actuar con determinación, con la clase obrera como eje central y con un prisma colectivo. Sin estos condicionantes nos veremos abocad@s a gestionar la debacle en vez de forjar el futuro.
Mientras las grandes tecnológicas siguen intentando ejercer influencia en el Parlamento Europeo. L@s eurodiputad@s mantienen reuniones con bastante frecuencia con lobistas de las grandes empresas tecnológicas. Se constata un aumento en el gasto destinado a lobistas tecnológicos, que influyen de forma directa en las políticas digitales de la UE. El gasto en lobby de la industria digital ha aumentado un 33,6% en tan solo dos años. Además de esta considerable presión política y el peso de las amenazas de la administración Trump sobre el enfoque de la UE hacía las grandes tecnológicas, nuestro continente se encuentra en una vorágine desregulatoria donde las prioridades de las Bigtech gobiernan cada vez más la agenda.
Es evidente que el sector tecnológico supera a otros grupos de presión del capital, el poderío económico de las Bigtech a la hora de invertir en el acceso político es incomparable. Con 10 millones de euros, Meta es la empresa que más invierte en lobby en la UE. Este fenómeno se explica en buena parte por una mayor presencia del sector de la IA. El código de buenas prácticas de IA de uso general, ha dado lugar a una intensa batalla de presión. El poder de presión de las grandes tecnológicas, no hace otra cosa que afianzar aún más su control sobre aspectos clave de nuestra sociedad, en lo laboral, en lo social y por supuesto en el tipo de información que consumimos.