González Amador, en el juicio al fiscal general.
González Amador, en el juicio al fiscal general.

La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han estrechado el cerco sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los últimos informes revelan que el empresario ingresó más de 4,4 millones de euros de Quirón Prevención a través de sociedades que carecían de plantilla y medios técnicos para realizar los trabajos, lo que apunta a un presunto delito de corrupción en los negocios y falsedad documental. El jefwe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez, dijo en sus redes que eso es mentira y que son "insidias".

Trabajos bajo sospecha de simulación

El informe remitido al juzgado por los inspectores de la Agencia Tributaria es contundente. Entre los años 2021 y 2023, Alberto González Amador emitió facturas millonarias al grupo sanitario utilizando sus firmas. Sin embargo, Hacienda detecta "indicios de simulación" en los servicios prestados, una conclusión que la UCO respalda al confirmar que el empresario no contaba con la infraestructura necesaria para justificar esos cobros, que rondaron los 400.000 euros solo a través de una de sus empresas.

Para canalizar estas operaciones, los investigadores señalan el uso de las siguientes compañías vinculadas a la trama: Maxwell Cremona, Masterman SL y Mape.

El entramado de comisiones y la compra de Masterman

La investigación detalla una compleja red de favores y pagos cruzados. El principal cliente de González Amador era Quirón Prevención, presidida en ese momento por el directivo Fernando Camino. En 2020, la esposa de este último, Gloria Carrasco, vendió al novio de Díaz Ayuso la sociedad inactiva Masterman por 500.000 euros.

Los investigadores sospechan que esta compraventa fue, en realidad, una comisión encubierta para Camino a cambio de garantizar los contratos con la filial de Quirón. Un presunto soborno encubierto. Además, la UCO rastrea el origen de ese medio millón de euros y lo sitúa en Mape, otra compañía dirigida por el propio directivo, con la que González Amador había cerrado un negocio millonario poco antes.

El rastreo financiero: de España a Andorra

Para desenredar la madeja económica, la Guardia Civil ha solicitado datos a 14 entidades financieras y analiza minuciosamente los movimientos bancarios desde principios de la década. El escrutinio recae sobre 19 cuentas bancarias a nombre de Alberto González Amador y más de 90 cuentas bajo el control de Fernando Camino y Gloria Carrasco, algunas de ellas localizadas en el Banco de Andorra.

El origen del dinero: material anticovid

El inicio de la relación económica bajo sospecha se remonta a los peores meses de la crisis sanitaria de 2020. El empresario madrileño actuó como intermediario para facilitar material de protección contra la pandemia a la compañía Mape. Por unas ventas totales que superaron los 45 millones de euros, la empresa de González Amador se embolsó alrededor de 2 millones de euros en concepto de comisiones.

Impacto en el gigante sanitario

El escándalo ya ha trascendido a la pareja de la presidenta madrileña y golpea directamente a su principal cliente. Tras analizar los datos, la Agencia Tributaria ha notificado al juzgado la apertura de una inspección administrativa formal contra Quirón Prevención. La filial del gigante sanitario es, a su vez, la principal contratista en el área de la Comunidad de Madrid, lo que añade una dimensión mayor al poner bajo la lupa de la justicia las operaciones financieras de la principal proveedora sanitaria de la región.

La Comunidad de Madrid transfiere cadaaño mil millones de euros a Quirón y esos pagos se agilizaron coincidiendo con los tres primeros años de la relación entre Ayuso y González Amador.

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