La Plataforma Cuidamos Villamayor realizó este miércoles una manifestación para denunciar la falta de avances reales en la resolución de los graves problemas de olores que desde hace años vienen sufriendo miles de vecinos de Villamayor, Salamanca, Doñinos y otros municipios del alfoz.
La movilización responde a la profunda indignación existente entre los ciudadanos por la situación actual del expediente de la autorización ambiental integrada (AAI) de Servcor Logistics por la falta de aplicación efectiva de las medidas exigidas por la Administración para corregir las emisiones y molestias que continúan afectando a la población, por lo que exigen el cierre cautelar de la planta.
Servcor Logistics S.L. (anteriormente Fernando Corral e Hijos) es una empresa con sede principal en Doñinos de Salamanca, centrada en la fabricación de aceites y grasas, y la gestión de subproductos cárnicos.
Hartos de convivir con malos olores, miles de residentes de Villamayor, Salamanca, Doñinos y otros municipios cercanos al alfoz se manifestaron de nuevo para visibilizar la profunda indignación vecinal por la falta de avances reales y la nula aplicación de las medidas correctoras exigidas por la Administración. La agrupación ciudadana lamenta que, a pesar de que los responsables autonómicos prometieron hace más de veinte meses una solución rápida, la situación ambiental sigue exactamente igual y afecta gravemente a la población.
Incumplimiento de plazos y bloqueo institucional
El malestar vecinal responde a la ineficacia práctica de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que regula la actividad de Servcor Logistics. Este documento, publicado el 17 de julio de 2025, obligaba a la planta a implantar una serie de adaptaciones estructurales en un plazo máximo de seis meses para evvitar los olores que, en ocasiones, llegan a Salamanca si el viento cambia.
Sin embargo, el plazo expiró el pasado 18 de enero de 2026 sin que la empresa haya corregido las emisiones. Además, la plataforma alerta de que la administración regional no ha emitido ninguna sanción ni advertencia al respecto, lo que evidencia una preocupante paralización de los trámites que debían proteger a los ciudadanos.
Reivindicaciones de la plataforma
Para proteger la salud pública y priorizar los intereses generales frente a los empresariales, el colectivo ciudadano ha planteado una serie de exigencias:
-
El cierre cautelar e inmediato de las instalaciones hasta que desaparezcan definitivamente las molestias y se acredite el respeto a la normativa.
-
La aplicación urgente de todas las acciones previstas en la autorización ambiental, apoyadas en las mejores técnicas disponibles exigidas por la Unión Europea.
-
Una transparencia absoluta e informativa sobre todos los expedientes técnicos y sancionadores abiertos.
-
Explicaciones públicas por parte de las autoridades competentes sobre los motivos que justifican el retraso en la aplicación de estas soluciones.
-
La asunción y depuración de responsabilidades por permitir estas infracciones de forma continuada.
El hartazgo de los afectados
La plataforma añade en su manifiesto que la pasividad de las instituciones está generando un gran malestar social y una enorme desconfianza hacia los gobernantes de la Junta de Castilla y León. Por este motivo, la entidad asegura que mantendrá la vía de la movilización y explorará todas las acciones legales y administrativas necesarias para erradicar los malos olores. El mensaje de los vecinos es claro: recalcan que no están pidiendo ningún trato de favor o privilegio, sino el simple y estricto cumplimiento de la ley.
