«La tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia», Karl Popper
A lo largo de la historia nunca tantas personas habían podido expresar públicamente su opinión. Y nunca había resultado tan difícil mantener un debate público civilizado. Internet prometía democratizar la conversación. A menudo la ha convertido en un campo de batalla.
Las redes sociales y los espacios de comentarios de muchos periódicos digitales han democratizado la palabra, pero también han abierto la puerta a una forma de abuso que erosiona el debate y degrada la convivencia. La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Gracias a ella pueden denunciarse abusos, cuestionarse decisiones políticas y defender ideas que incomodan al poder. Pero precisamente porque es un derecho fundamental merece ser protegido de quienes lo confunden con un permiso para agredir, insultar, difamar o mentir.
Existe una diferencia esencial entre discrepar y denigrar. Discrepar exige argumentos; denigrar solo requiere desprecio. La primera enriquece una sociedad; la segunda la empobrece. Sin embargo, basta recorrer durante unos minutos cualquier red social o leer los comentarios que acompañan a una noticia para comprobar cómo el insulto y las malas formas han sustituido con frecuencia al razonamiento.
Lo más inquietante es que muchos de esos ataques proceden de perfiles anónimos o amparados tras seudónimos imposibles de identificar. El anonimato no es, por sí mismo, un problema. Históricamente ha protegido a quienes denunciaban injusticias, a disidentes perseguidos o a ciudadanos que, de otro modo, habrían sufrido represalias. Pero el anonimato también tiene un reverso perturbador: cuando desaparece toda responsabilidad sobre las propias palabras, algunos descubren una valentía que difícilmente mostrarían frente a la persona a la que ofenden.
El contraste es revelador: quien firma un artículo con su nombre y apellidos expone públicamente sus argumentos y acepta las críticas que puedan suscitar; quien responde oculto tras un alias compuesto por números, dibujos o nombres inventados no arriesga nada. El primero pone en juego su prestigio, su credibilidad y, en ocasiones, su tranquilidad. El segundo se beneficia de la impunidad.
No se trata de exigir unanimidad ni de reclamar un pensamiento único. Todo lo contrario: una sociedad madura necesita opiniones diversas, incluso radicalmente opuestas. Pero necesita también unas reglas mínimas de convivencia: discutir ideas sin destruir personas, rebatir argumentos sin recurrir a la mentira, defender convicciones sin atacar al discrepante.
El deterioro del debate público tiene consecuencias que van mucho más allá del mal gusto. Cuando el insulto sustituye a la razón, muchas voces moderadas optan por callar. Profesionales, científicos, docentes, periodistas o ciudadanos que podrían aportar conocimiento prefieren retirarse antes que exponerse a campañas de descrédito, amenazas o linchamientos digitales. La consecuencia es clara: cuanto más ruido generan quienes gritan desde el anonimato, menos espacio queda para quienes piensan.
Esa responsabilidad no corresponde únicamente a quienes escriben, sino también a quienes fijan la línea editorial del medio y deciden cómo se gestionan esos espacios o a quienes les ofrecen plataformas con garantías de seguridad. La exigencia editorial no termina al publicar un artículo.
Permitir que los espacios de comentarios se conviertan en vertederos de odio deteriora la calidad del propio medio y transmite la falsa idea de que cualquier descalificación merece el mismo espacio que una opinión razonada. Moderar no es censurar; es hacer cumplir unas normas básicas de convivencia, igual que ocurre en cualquier foro presencial.
Ningún derecho fundamental es ilimitado. Tampoco la libertad de expresión, cuyos límites aparecen allí donde comienza la vulneración del honor, la intimidad o la difusión consciente de falsedades. La libertad de expresión no puede convertirse en el refugio de la mentira deliberada ni en la coartada del insulto. Los derechos siempre llevan aparejadas responsabilidades. Lo contrario conduce a una sociedad donde la intimidación sustituye al diálogo y donde la verdad tiene menos fuerza que el algoritmo que amplifica el escándalo.
Como sostiene Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos: una sociedad tolerante no puede permanecer indefensa frente a quienes pretenden destruirla mediante la intolerancia.
Quizá haya llegado el momento de reivindicar una virtud antigua: la de dar la cara. Firmar lo que se escribe. Asumir las consecuencias de lo que se dice. Defender las propias ideas sin esconderse detrás de una máscara digital. Porque la credibilidad comienza ahí donde termina el anonimato interesado y empieza la responsabilidad personal.
Señalaba en esta misma columna el pasado 20 de junio que las democracias no se debilitan porque existan opiniones distintas, sino cuando dejamos de ver al discrepante como un interlocutor y empezamos a tratarlo como un enemigo. Añado ahora que ese camino empieza casi siempre detrás de un alias o una máscara y es un ejercicio de cobardía que busca imponer el silencio a quienes todavía tienen algo valioso que decir.
Postdata: En el video que acompaña a esta columna, disfruten de la poesía Blas de Otero, en la voz de Paco Ibáñez. Nos queda la palabra.
Por. Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario jubilado
No son lo misma la pérdida de la esperanza y la desesperación https://t.co/uAiUZhipq4
— Miguel Barrueco Ferrero (@BarruecoMiguel) June 27, 2026
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