La persecución de activistas, periodistas y opositores consolida un clima de miedo que pone en jaque los derechos humanos en Turquía.
La ola de detenciones y restricciones de derechos en Turquía es parte de un patrón cada vez más grave de represión política bajo el Gobierno de Erdoğan. Lo que comenzó como una respuesta autoritaria al intento de golpe de estado en 2016, se ha ido consolidando en una estrategia de control absoluto y de intimidación a toda voz que se muestre crítica.
La situación de los defensores de los derechos humanos en Turquía lleva años siendo delicada. En el verano de 2017, la directora de la sección turca de la organización Amnistía Internacional fue detenida junto con otros nueve activistas mientras participaban en un taller rutinario, acusados de pertenecer a una organización terrorista. Aunque ni siquiera hace falta remontarnos tantos años atrás, pues a mediados de febrero pasado, otros seis activistas europeos han sido retenidos por el régimen durante una visita para evaluar y estudiar las condiciones de los presos en Turquía.
Estos casos no son hechos puntuales, sino un modelo autoritario que no ha hecho más que escalar y reproducirse a lo largo de los años desde el intento de golpe de Estado hace casi una década. Innumerables académicos, abogados, periodistas y activistas han sido perseguidos bajo acusaciones de terrorismo para acallar voces disidentes. Las detenciones abarcan todo tipo de población, sin importar nacionalidad o profesión, siempre y cuando representen una crítica hacia el actual gobierno.
Estas prácticas representan una amenaza para la sociedad turca en su conjunto. La libertad de expresión es un pilar básico de cualquier estado de derecho, y su castigo abre la puerta a una deriva autoritaria cada vez más represiva.
La libertad de prensa tampoco ha escapado a la presión ejercida por el gobierno, quien ha acusado a varios periodistas de “insultar al presidente”, generando un efecto disuasorio ante las posibles represalias y favoreciendo la autocensura. En un entorno donde los grandes medios de comunicación mantienen vínculos con el poder político, el periodismo independiente (y, por tanto, crítico) trabaja bajo amenaza constante de ser detenidos.
El arresto en 2025 del presidente de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien también se presentaba como candidato a la presidencia del país siendo su rival más fuerte, se une a la lista de numerosas detenciones que se han llevado a cabo en nombre de la preservación de la seguridad del Estado.
Turquía no carece de voces valientes, su perseverancia es un recordatorio de que el pueblo desea luchar a pesar del creciente autoritarismo. Aún así, todos sus intentos se ven truncados, puesto que el mensaje que lanza el presidente turco es claro: la defensa de los derechos humanos y los mensajes disidentes se consideran una sospecha o un peligro digno de acción policial.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de elevar su voz frente a estas vulneraciones, exigir la liberación de defensores injustamente retenidos y respaldar la protección de los derechos humanos en Turquía. En una democracia, convertir el activismo en delito es una línea roja que debemos observar horrorizados porque los derechos humanos son una exigencia, no un privilegio.
Por. Sofía Pérez Fernández, defensora de los Derechos Humanos
Añadir La Crónica de Salamanca como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.