Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica de forma directa a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, en la colocación a medida de la exmilitante socialista Leire Díez dentro de la empresa pública. Además, el análisis de los teléfonos intervenidos revela la existencia de una red coordinada para desestabilizar las investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno, utilizando presuntamente fondos, logística y recursos del propio partido.
El informe de 58 páginas, basado en el volcado de los dispositivos móviles de cinco investigados, expone cómo los miembros del grupo autodenominado Hirurok "maniobraron para situarse en puestos clave de la Administración Pública". En este contexto, la entrada de Leire Díez en Correos no fue un hecho aislado, sino una operación de posicionamiento orquestada desde las altas esferas.
Las conversaciones intervenidas muestran que los primeros contactos entre Serrano y Díez comenzaron en noviembre de 2020. Meses después, en mayo de 2021, el entonces presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, intermedió directamente con Serrano para cerrar la contratación y ubicarla junto a José Luis Pérez, alias Tote, actual vicesecretario de la empresa postal.
La respuesta de Serrano a la propuesta fue escueta: "Ok, vamos hablando". Acto seguido, Fernández tranquilizó a la exmilitante transmitiéndole un mensaje de seguridad: "No te preocupes que lo tuyo sale". Para los investigadores, este movimiento evidencia que la colocación de sus miembros en el sector público era una pieza fundamental en la estrategia de la red.
La crisis de abril y la ofensiva judicial
La investigación destapa también una segunda vía de actuación: una operación para torpedear los casos judiciales que acorralaban al entorno del presidente del Gobierno. La UCO sitúa el punto de inflexión el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la carta en la que Pedro Sánchez anunció su retiro temporal para reflexionar tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Dos días después de ese anuncio, Serrano, Díez y el empresario Javier Pérez Dolset acudieron a la sede central del partido en la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. En ese encuentro, los investigados aportaron unas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo correspondientes a 2014, las cuales apuntaban al suegro del presidente.
A partir de ese momento, el grupo extremó las precauciones y trasladó sus comunicaciones a Signal, una aplicación de mensajería cifrada. Tras confirmarse que Sánchez continuaría en su cargo e hiciera mención pública a los audios, el grupo celebró el éxito de la maniobra: "El jefe nos va a poner en un altar", llegó a escribir Díez.
La maquinaria del partido al servicio de la trama
El análisis policial concluye que Cerdán facilitó toda su infraestructura para sostener y financiar las actividades del grupo. Bajo las directrices de Santos Cerdán, el partido habría puesto a disposición del entramado, siempre según la UCO y proyectando lo que se derivaría de esos mensajes, los gastos derivados de los desplazamientos de los miembros de la red, el uso de dependencias oficiales para celebrar reuniones privadas y utilizaron a trabajadores de la formación para labores administrativas. Además, la gerente del partido, Ana María Fuentes, habría falsificado documentos para justificar salidas de dinero.
Sobre este último punto, la Guardia Civil detalla que se redactaron dos notas de encargo profesional ficticias para encubrir los honorarios de los abogados Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova (este último, defensor del propio Cerdán). Esta maniobra permitió materializar los pagos camuflándolos como una relación laboral ordinaria con la formación política.
De momento esto solo añade más suposiciones, interpretaciones y conclusiones a las que se llega por deducciones más que por pruebas.
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