El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictado la apertura de juicio oral contra el banco BBVA, su expresidente Francisco González y otras catorce personas por contratar presuntamente de forma irregular al excomisario José Manuel Villarejo. La causa, que forma parte del conocido caso Tándem, investiga los encargos ilegales de espionaje a empresas y directivos que la entidad financiera encomendó al expolicía entre los años 2004 y 2016.
El BBVA tendrá que responder ante la justicia como persona jurídica. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el banco una sanción económica que asciende a 181,1 millones de euros. Esta cuantía se divide en dos grandes bloques: una multa diaria de 5.000 euros durante cinco años por un delito continuado de cohecho activo, y una sanción idéntica durante dos años por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Por su parte, desde la actual dirección de la empresa insisten en su inocencia y sostienen que los hechos bajo investigación no derivan en ninguna responsabilidad penal para la compañía.
Los cargos contra la antigua cúpula
El magistrado dirige el procedimiento contra Francisco González, máximo responsable del banco durante la época en la que ocurrieron los hechos (para el que la fiscalía pide 173 años de prisión), y contra varios miembros de su antigua cúpula directiva, además de distintos mandos policiales. Todos ellos se enfrentan a un amplio abanico de acusaciones penales: cohecho activo y pasivo, descubrimiento y revelación de secretos (42 cargos), pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
El futuro judicial de Villarejo y las fianzas
El principal ejecutor de la trama, José Manuel Villarejo, afronta una petición de penas extraordinariamente elevadas. El Ministerio Público exige cuatro años de prisión por cada uno de los 42 delitos de revelación de secretos, a los que añade otros seis años de cárcel por cohecho, organización criminal y falsificación de documentos.
Para asegurar que los acusados puedan hacer frente a las responsabilidades civiles en caso de condena, el juez Antonio Piña ha impuesto una fianza conjunta de 1.173.333 euros. Si los implicados no depositan esta cantidad en un plazo máximo de tres días, el juzgado procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.
Esta decisión judicial llega cinco meses después de que los tribunales desestimaran los últimos recursos presentados por los investigados. Ahora, los equipos de defensa disponen de diez días para redactar sus escritos y proponer las pruebas que consideren oportunas antes de que la Sala de lo Penal celebre la vista oral de uno de los mayores escándalos de espionaje corporativo de la historia de España.
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