La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, defendió este lunes que la modificación de las bases de las ayudas para trabajadores en ERTE y autónomos “no es un incumplimiento” del Diálogo Social, una herramienta que aseguró que se quiere “reforzar” y “para nada romperlo”, aunque consideró que hay que “repensarlo” ante la situación que se está viviendo como consecuencia de la pandemia por la Covid-19. Sin embargo, los sindicatos consideraron que este hecho ha generado “una grieta difícil de sellar” en lo que calificaron como “una agresión” al Diálogo Social por parte de la Comunidad.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, afirmó este jueves que “en breve” habrá una resolución para que las personas que más lo necesitan puedan percibir la ayuda complementaria de 210 euros mensuales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
La Junta de Castilla y León priorizará a las personas con mayor tiempo en situación de ERTEs en su complemento de ayuda a los trabajadores afectados por expedientes y mantiene el tope de seis millones de euros de gasto acordados en el marco del Diálogo Social, una cantidad que los agentes sociales consideran insuficiente para la magnitud del problema. Pese a ello, la orden supedita las ayudas a las disponibilidades presupuestarias. El líder dela oposición, Luis Tudanca, considera «gravísimo» que Mañueco incumpla un acuerdo adoptado en el marco del diálogo social.
El Gobierno y los agentes sociales alcanzaron este jueves un acuerdo para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre.
El pasado 25 de marzo, en pleno pico de la pandemia, el presidente Fernández Mañueco, Alfonso, presidió una reunión del Consejo del Diálogo Social (UGT, CC.OO y CECALE) tras la que se anunció a bombo y platillo un paquete de medidas cifrado en 220 millones de euros para paliar el impacto económico y social originado por el confinamiento. Y una de las medidas-estrella era la concesión de una ayuda complementaria a los trabajadores afectados por ERTEs.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este jueves el plan de impulso al sector turístico que estará dotado con 4.250 millones de euros para potenciar este pilar básico de la economía española porque la “recuperación del turismo es una de nuestras fortalezas”.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reconoció y abonó en Salamanca desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el 31 de mayo, un total de 17.913 prestaciones en concepto de Expediente de Regulación de Empleo (Erte).
El incremento de expedientes individuales recibidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Castilla y León quintuplica el número de hace un año en el mes de abril por la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), según informó el sindicato CSIF, que exigió medidas de refuerzo y apoyo para los trabajadores ante esta “situación de colapso” y sobre trabajo que “sufren los empleados, con plantillas claramente insuficientes”.
Uno de los efectos perniciosos que puede tener la crisis COVID-19, es que miles de trabajadores que habitualmente no tienen obligación de realizar la declaración de hacienda, en el año 2021 para los ingresos de 2020 sí la tengan que realizar al tener dos pagadores, su empresa habitual y el Servicio Público de Empleo Estatal, al haber estado incursos en ERTE por causa de la pandemia.
Las autoridades laborales recibieron 21.357 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de empresas con centros de trabajo en Castilla y León desde el lunes 16 de marzo, hasta las 14 horas de este jueves, en el contexto del estado de alarma decretado por el coronavirus covid-19. Estos trámites afectan a un número potencial de 112.170 trabajadores en la Comunidad, según informó la Junta.
