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Stop Uranio llevará al juzgado al exalcalde de Retortillo

Un momento de la asamblea en Boada.

La plataforma Stop Uranio anunció este sábado que «se ejercerán acciones penales» contra la anterior corporación municipal de Retortillo, de la que era alcalde Javier Santamartina, que fue quien primero autorizó el proyecto de la mina de uranio que Berkeley quiere abrir en el municipio, y ocho meses después la empresa le compró una fina pagándole el doble de lo que costaba en el mercado.

 

Así se acordó en el transcurso de una asamblea celebrada este viernes por la noche en Boada, en la que también se informó de que «se estudian acciones judiciales contra Berkeley por tratar de amedrentar a determinado vecino de la zona, expresándole todo el apoyo de la Plataforma y de las personas asistentes».

Durante la asamblea se informó de las repercusiones que, «para las tramitaciones y autorizaciones que este nefasto proyecto tiene pendientes, puede tener la trama Cañete-Lamela que ha sido denunciada los pasados días» por la Cadena SER».

Cementerio radiactivo

Ya se han presentado interpelaciones y preguntas ante la Unión Europea. También se hizo un expreso llamamiento a todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León para exigir a la Junta de Castilla y León que revise las autorizaciones otorgadas a Berkeley para este proyecto de minería de uranio que incluye un cementerio de residuos radiactivos.

Durante el encuentro se habló de la importancia de las actuaciones de los Ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes para que «los expedientes de autorización de uso no se tramiten hasta que cuenten con toda la documentación relacionada con este proyecto y que inicialmente Berkeley trató de ocultarles».

Asimismo, se acordó continuar realizando acciones y actividades para lograr la paralización de este proyecto que «consideramos una auténtica ruina para todos los pueblos de la comarca del Campo Charro, especialmente para Retortillo y Villavieja».

Las voladuras

También se acordó dirigir un escrito a la subdelegación del Gobierno pidiendo toda la información relacionada con las voladuras llevadas a cabo recientemente por Berkeley en Villavieja de Yeltes y que, como manifestaron directamente varios afectados, produjeron rotura de cristales y movimiento de mobiliario en varias viviendas.

Al mismo tiempo, se informó de que se están interponiendo los recursos administrativos y judiciales necesarios en contra de los permisos que se vayan otorgando a Berkeley.

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