Ganemos impugna el pleno de presupuestos de la Diputación

El pleno de presupuestos de enero de 2016.

 

Ganemos Salamanca ha impugnando la convocatoria y la totalidad de los acuerdos adoptados en el pleno provincial extraordinario celebrado el 20 de enero de 2016, en el que se aprobaron los presupuestos y la relación de puestos de trabajo.

 

La convocatoria, asegura la agrupación de electores, «no respetó las mínimas exigencias legales necesarias para la participación en los asuntos públicos, privando del necesario debate sobre las propuestas y enmiendas de los distintos grupos políticos».

Las razones de la impugnación no son otras que «la falta de respeto por parte del equipo de gobierno de los plazos establecidos legalmente entre la convocatoria y la celebración del pleno, así como la falta de motivación de la urgencia de la sesión, que denunciamos podría tener más relación con la agenda del presidente en Madrid que con las prioridades de la provincia».

Sin tiempo

Esta falta de tiempo, criticada por todos los grupos en sus intervenciones y aducido por la propia diputada de Economía como causa para no haber podido estudiar las propuestas de los grupos Ganemos y Ciudadanos, «ha supuesto la inexistencia de un debate público adecuado sobre las enmiendas presentadas por los distintos representantes políticos en la Diputación», indica.

El segundo motivo de impugnación es la ausencia de la documentación necesaria, según establece la ley. Ganemos indica que hasta el día antes de la celebración de la comisión no se puso a disposición de la oposición la totalidad de la documentación e incluso se llegaron a realizar modificaciones de los documentos esenciales minutos antes del comienzo del pleno, como son el certificado del acuerdo de la comisión previa y la propia propuesta de aprobación del Presupuesto.

A esto habría que sumar «el formato cerrado de la documentación, que impediría su tratamiento informático, lo que es una vulneración de la ley, demostrando la mínima sensibilidad de este equipo de gobierno hacia la transparencia, el acceso a la información de la ciudadanía y los cargos públicos y la participación en los asuntos públicos».

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