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Piden garantías para los funcionarios que denuncien corrupción

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta de Castilla y León la creación de la figura del defensor del empleado público, para garantizar la protección de los empleados informantes que se animen a denunciar posibles irregularidades administrativas, hechos fraudulentos o de corrupción, conforme al anteproyecto presentado por el Gobierno regional, con el que pretende luchar contra la corrupción política.

 

CSI-F entiende que «la Inspección no ofrece las garantías suficientes para esa protección«; y pide que el defensor del empleado público se trate como una unidad administrativa propia.

Así lo señala el responsable del sector de la Administración General de la Junta, Mariano Prieto, que insiste en que “si queremos que la futura ley sea eficaz, tiene que tener todas las garantías jurídicas para que el empleado público se sienta seguro, ante posibles actuaciones de represalias sobre su situación laboral”.

Por ello, Prieto afirma que tiene que ofrecer “todos los mecanismos y medidas necesarias para asegurar y garantizar la protección de los empleados informantes, para salvaguardar la identidad del informador, si realmente la Junta quiere apostar por una administración transparente y una cultura de la honestidad política y de la legalidad».

Inspectores ‘políticos’

Prieto explica que el anteproyecto presentado otorga a la Inspección General de Servicios las competencias y la responsabilidad de tramitar y atender las posibles denuncias o informaciones de los empleados públicos, sobre posibles corrupciones e irregularidades.

Sin embargo, Prieto precisa que aunque la Junta considera ese organismo como «el más adecuado», lo cierto es que los inspectores se eligen por libre designación de los responsables políticos o de la administración, «por lo que es difícil que esos inspectores generen la confianza suficiente entre los empleados, como para creer que actuarán contra quienes les han nombrado; o contra responsables con los que los inspectores pueden tener cierta complicidad, ya que los conocen. En algunos casos, los propios inspectores también han podido pertenecer al estamento de altos puestos de las administración o, incluso, de responsables políticos».

Protección

El sindicato CSI-F, tras analizar el anteproyecto recibido, considera necesario que la creación de la figura del defensor del empleado público de la Junta «se trate como una unidad administrativa, con una dotación económica y funcional, y con un carácter marcadamente independiente, debiéndose garantizar que en caso de traslado del empleado público informante de situaciones irregulares, se tengan en cuenta diversas consideraciones».

Por ejemplo, que en ningún caso haya prejuicio profesional o económico para el empleado público informante y colaborador. También, que se garantice la asistencia jurídica gratuita a todo empleado público que se vea afectado por las denuncias realizadas, tanto a nivel administrativo como judicial (la administración se debe hacer cargo de los costes económicos de la defensa).

CSI-F entiende que la creación de una unidad del defensor del empleado público ante la corrupción debe ser «el órgano superior al que elevar los posibles informes sobre ilegalidad administrativa e irregularidades«. CSI-F reclama un periodo de protección para el empleado informante, de al menos cinco años, para evitar presiones y amenazas a contar desde la denuncia formulada.


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