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La Junta debe 1.125.000 euros a la Diputación

La Junta de Castilla y León debe un total de 1.125.564,6 euros a la Diputación de Salamanca por no abonar lo estipulado en el convenio firmado por ambas instituciones por el traspaso de los centros Reina Sofía y Centro de Formación Profesional Ciclo Formativo de Grado Medio a administración autonómica. Los datos han sido presentados por el Partido Socialista para instar al equipo de gobierno a reclamar ese dinero.

 

El diputado socialista Manuel Ambrosio Sánchez ha comparecido públicamente en la mañana de este viernes para denunciar que la Junta de Castilla y León debe 1.125.564,6 euros a la Diputación de Salamanca por incumplir el acuerdo económico del convenio de integración del Centro de Educación Especial Reina Sofía y del Centro de Formación Profesional Ciclo Formativo de Grado Medio en la administración regional. Este acuerdo se llevó a cabo en febrero de 2010, entro en marzo de ese mismo año con validez hasta febrero de 2015 y, posteriormente, se prorrogó hasta 2018.

Los puntos básicos del acuerdo eran la transferencia del personal de ambos centros a la Junta y el permiso de la Diputación para que la Junta ocupara ambos inmuebles bajo un coste estipulado. Para que esto se cumpliera, se creó una Comisión de Seguimiento, pero el diputado socialista denuncia que no se ha vuelto reunir en los últimos tres años. La Diputación ha pagado todo lo que le correspondía en cuotas anuales fijas (incluida la prórroga hasta 2018), pero la Junta dejó de pagar en febrero de 2015.

Manuel Ambrosio Sánchez preguntó a Chabela de la Torre, vicepresidenta de la Diputación, si habían reclamado este dinero a la Junta. El equipo de gobierno envió un escrito en enero de 2015 que no obtuvo respuesta pero no han vuelto a insistir. El diputado critica que esta situación, en perjuicio de las arcas públicas, se debe a la “falta de diligencia y gestión del equipo de gobierno”, por no haber tenido la voluntad de reclamar esta cantidad de dinero.

Sánchez considera que hay que tomar medidas “drásticas e inmediatas” para evitar que se produzca un caso similar al del muelle fluvial de Vega de Terrón.

Texto: Paula Castro Morán


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