Opinión

Cóctel peliagudo

Peliagudo es un vocablo de uso coloquial utilizado cuando deseamos destacar las dificultades de resolución o entendimiento. El aspecto coloquial viene definido por esta llaneza con que se comenta la incógnita catalana. Los medios, por encima de otra coyuntura, han hecho hincapié para que fuera tema de tertulia en todo el país. De aquí su carácter cercano, casi familiar. Ignoro qué razones proveen esta importancia tan generalizada. Seguramente alguien me rectificará invocando la soberanía nacional, cuando (en el fondo) resulta un dogal al presumible desmadre autonómico. Si no existiera el Estado Autonómico no precisaríamos esa soberanía restauradora de aquella unidad puesta en entredicho por él.

“Dignos” padres de la patria, gestores de nuestra conflictiva Constitución, sembraron el germen divergente. A poco, se consolidó la quiebra educativa manteniendo común un débil Diseño Curricular Nacional de “obligado incumplimiento”. Con estos polvos, el adoctrinamiento constituyó alimento imprescindible para nacionalismos ultramontanos. Ley electoral e inobservancia continuada al Tribunal Constitucional han traído los ingredientes que ahora se mueven convulsos en la coctelera española. Si a tanto desafuero añadimos el brebaje de la sanidad pública, hospitalaria y farmacéutica, obtendremos el absurdo institucionalizado. Todos, políticos y ciudadanía, conocemos al gato; pero… ¿Quién ha de ponerle el cascabel? Aquel felino enano es ahora una pantera.

Llevamos años soportando engorrosas licencias provenientes de ámbitos distintos y distantes. Gobierno, con adhesión de palmeros, fechan los inicios cinco años atrás. El relato que propagan es falaz aparte de indigno. Pura invención. PSOE y PP dieron cobertura oficial, al menos, a un adoctrinamiento que emergió hace décadas. Todavía nadie ha interpretado aquella famosa frase de Pujol: “Si cae el árbol también caerán las ramas”. El fondo tiene poco de acertijo y mucho de amenaza. Los respectivos silencios auguran presuntas complicidades, no siempre honorables ni patrióticas. Aquellas extravagancias tipo: “Cataluña contribuye al gobierno de España” ocultaban sutilezas que lavaban usos y abusos cuya frontera rozaba el delito, tal vez lo superaba. Luego una tenue luz ha dejado ver la gigantesca estafa efectuada bajo capa de un catalanismo rutilante, modélico, adictivo.

Sucesivos rituales, escondidos en momentos de convergencia aparente, coadyuvaron a elaborar el cóctel actual. 1-O, fecha del referéndum ilegal; 27-O, día de la DUI y aprobación por el Senado de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco, certificaron el callejón sin salida a que llevaron las elecciones del 21-D. Tras lo expuesto, estamos en el punto de partida. Peor. Antes faltaban datos sustanciales: efectos económicos de una independencia latente, minoritaria y transgresora, alcances legales, respuesta internacional; asimismo, quiebra social. En el momento electoral se disponía de toda reseña y el resultado ha sido similar. El independentismo sigue ostentando mayoría absoluta en escaños.

Ahora nadie debe disculparse en el error. Los constitucionalistas, incluyendo al dudoso Comú, han obtenido cincuenta y dos coma cinco por ciento de votos, pero el independentismo suma setenta diputados (mayoría absoluta). ¿Qué podemos desentrañar analizando estos resultados? Ante todo, total convicción de haberse realizado una votación visceral. Eso sí, tan democrática como si hubiese sido reflexiva, prudente. Resulta insólito, no obstante, que quienes pueden presidir el gobierno catalán están prófugos o en prisión. Dicho escenario plantea un peliagudo rompecabezas político-judicial.

¿Qué ha de prevalecer, representatividad democrática o ley? Desde mi punto de vista, siempre ley al poseer ventaja numérica en la equidad. Veamos. Cualquier merma en alguno de los tres poderes conlleva un deterioro democrático. Toda la sociedad no participa, en puridad, del poder legislativo ni ejecutivo, pero sí en el judicial donde se universaliza la igualdad. Aquí reside la supremacía del poder judicial cuando entra en conflicto con cualquiera de los otros. El sentido común avala su fuerza argumental; por supuesto, discutible.

Lo antedicho plantea un importante dilema. ¿Qué ocurrirá previo o posterior a la conformación de un nuevo gobierno en Cataluña? Sin sentencia firme quedan intactos los derechos del individuo. Por consiguiente, tanto Puigdemont como Junqueras (junto a otros procesados o en vías de ello), pueden encumbrarse al govern. Diferente sería si se diesen resoluciones judiciales antes de terminarse la legislatura. Incluso podría inhabilitarse medio gobierno o parlamento catalanes. No hablemos ya de prisión, muy probable. Uno, cuando incumple la ley, sabe a qué consecuencia se expone. Desde luego, no puede guarecerse en desconocimiento o presunto mandato ciudadano. Las reivindicaciones se ultiman dentro del marco legal. Tal sugerencia sirve para cualquier individuo.

Ese dos y medio por ciento acaso justifique el nacimiento de Tabarnia que utiliza las mismas sutilezas -quizás menos farisaicas- que articulan los independentistas para segregarse. Son análogas en calificación y peso. Con parecidos argumentos podemos considerarlas igualmente válidas o no, ajustadas o infantiles. Las disonancias son interesadas, objetivamente insostenibles. Los dos desarrollos parecen una broma, sin que la edad de ambos añada o reste juicios extemporáneos o caricaturescos. Sin embargo, y más allá de apreciaciones mías -aun foráneas- al gobierno central le crea un cóctel peliagudo. Estoy convencido de que navegará entre el desprestigio u otra concesión a la galería. ¡Cuidado!, Ciudadanos viene dando caña.

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