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Los funcionarios de Justicia exigen la equiparación salarial

Con los trabajadores donde las autonomías tienen transferidas las competencias

Los funcionarios del Ministerio de Justicia en Salamanca salieron este miércoles de nuevo a la calle para protestar por su situación.

 

Ahora reclaman que se acabe con la discriminación salarial que sufren respecto a sus homólogos de las comunidades donde las competencias están transferidas, que alcanza la diferencia salarial de 500 euros al mes en el complemento específico por pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades, realizar las mismas funciones y acceder a estos cuerpos por la misma vía.

Además de la revisión al alza del complemento específico, entre incluyen en sus reivindicaciones la recuperación del complemento de violencia sobre la mujer y establecimiento de complementos en otros órganos especializados, la revisión de la normativa de guardias e incremento de las retribuciones por este concepto, y la revisión de la retribución por insularidad.

Por otro lado, la implantación “a las bravas” de la oficina judicial y fiscal, así como del expediente digital están causando más problemas que beneficios a la prestación del servicio público. Consideran que la primera se trata de “una operación cosmética que lleva al absurdo de crear oficina judicial donde sólo hay un Juzgado o a crear servicios comunes con tres funcionarios de auxilio”. La segunda se trata de “una operación de despilfarro de dinero público en un proyecto llamado Justicia digital que se desarrolla sobre unos programas claramente obsoletos en su diseño y concepción, carentes de compatibilidad salvo que se recauchuten y parcheen continuamente y limitados en su capacidad”.

Además, atribuyen al Ministerio de Justicia “el penúltimo ataque frontal contra las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia” y lo hace a espaldas de la mesa de negociación apadrinando la presentación por el Grupo parlamentario popular de unas enmiendas a la LOPJ que afectan seriamente a los centros de destino, la movilidad forzosa y la atribución arbitraria de funciones sin remuneración.

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