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Todos, menos el Gobierno, molestos con la petición de condenas por el procés

A los independentistas y a Podemos les parecen excesivas y a la derecha, una claudicación ante los separatistas

La Abogacía General del Estado que depende del Ministerio de Justicia no ha acusado finalmente de rebelión a nueve de los dieciocho encausados por el procés, entre los que se encuentra Oriol Junqueras, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes entre septiembre y octubre de 2017.

 

El escrito que la Abogacía ha presentado ante el Supremo contiene cargos de sedición y malversación. Pide 12 años de cárcel para Junqueras; 11 años y medio para cinco exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un presunto delito de sedición.

Difiere así del criterio de Fiscalía, que sí que ha pedido el cargo de rebelión. La Fiscalía ha pedido 25 años para Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, 17 para los Jordis y Carme Forcadell y 11 para Trapero. El juicio, previsiblemente, comenzará en enero.

Estas peticiones han recibido críticas por todas partes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijo que «Pedro Sánchez ha decidido no actuar. Es cómplice de la represión. Que la Abogacía del Estado acuse de sedición no es un gesto, es un menosprecio».

Podemos ha considerado «absolutamente injusta, injustificable y desproporcionada» la petición de la Fiscalía y ha denunciado que hay un relato judicial «del todo insostenible y falso» porque «no ha habido violencia» en el procés.

Por su parte, Ciudadanos registra en el Congreso una petición para que no se concedan indultos a los líderes independentistas.

«No vamos a tolerar que el Gobierno ponga en jaque la dignidad de España por mandato de los golpistas como Torra, Puigdemont y los que están haciendo este auténtico atropello a la separación de poderes y la legalidad en España», ha dicho el presidente nacional del PP, Pablo Casado. «Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o complicidad del Gobierno, que no sólo no hace nada, sino que entorpece la labor de la Abogacía del Estado». Casado ha apelado a los «socialistas de bien, hartos de que su Gobierno mancilla sus principios fundacionales en la cuestión nacional», y a quienes les ha indicado que «aquí tienen su casa para defender a España».

la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros a las acusaciones de la oposición, argumentando que «la Abogacía ha actuado con criterios de profesionalidad, criterios técnico-jurídicos» y ha recordado que «como bien conocen, existe un debate entre expertos jurídicos, incluso un debate social, sobre lo que ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre».

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