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Stop Uranio lleva su preocupación por la mina de Retortillo al Ministerio de Industria

El secretario de Estado de Energía ha pedido información adicional a Berkeley que la empresa no le ha dado

La Plataforma Stop Uranio se reunió este martes con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. Al encuentro también asistieron los alcaldes de Boada, Juan Matías Garzón Martín, y de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez Martín, por la colaboración que están prestando en la lucha contra los proyectos radiactivos de la empresa Berkeley en Salamanca.

La plataforma agradece al ministerio la oportunidad que les brinda de hacerles llegar su inquietud por la posibilidad de que se abran minas de uranio en nuestra tierra. «Le hemos traslado nuestra preocupación por la falta de respuesta del ministerio a los permisos pendientes de conceder a la empresa Berkeley Minera. Sabemos que la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio está suspendida desde enero de 2017 a la espera del informe pertinente del Consejo de Seguridad Nuclear, pero la decisión última la tiene el Gobierno y no hace falta tener en cuenta el dictamen del CSN si éste es favorable a la concesión», indica.

La plataforma señala que esta situación de incertidumbre «está perjudicando a los pocos emprendedores de nuestra tierra, nadie va a invertir en un negocio que esté al lado de una mina y planta de tratamiento de uranio. El Balneario de Retortillo o los agricultores y ganaderos de la zona necesitan conocer la intención de nuestros gobernantes para tomar decisiones sobre sus negocios», le han dicho al alto cargo de Industria.

Stop Uranio considera que la actuación de la empresa minera en estos años «ha provocado un deterioro de la convivencia en nuestros pueblos, a la vez que ha provocado un destrozo medioambiental irreversible al haber talado 37 hectáreas de encinas centenarias en el entorno de un espacio incluido en la Red Natura 2000, sin ninguna posibilidad de proseguir los trabajos de construcción de las instalaciones por la falta de los permisos pertinentes. Nosotros consideramos, y así se lo hicimos ver al secretario de Estado, que estas actuaciones contravienen las condiciones establecidas en la autorización previa de la planta de tratamiento, ya que según el CSN no se podría haber realizado ningún trabajo que supusiera la modificación del fondo radiológico natural del emplazamiento».

A la espera de conocer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la autorización previa de la planta otorgada en septiembre de 2015, en la que se cuestiona la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para esa instalación, «le hemos trasladado al secretario de Estado nuestras serias dudas sobre la vigencia de la DIA seis años después de su aprobación. Ese documento tiene una validez de 5 años según se recoge en el condicionado decimosexto del mismo, además la nueva normativa sobre evaluación de impacto aprobada en el año 2013 establecía que las declaraciones de impacto aprobadas con anterioridad a la nueva ley caducan a los seis años de su aprobación», prosigue la plataforma.

También mostró su preocupación por los planes de la empresa, «que tiene previstas 14 explotaciones mineras y una planta de concentrados de uranio en nuestra provincia según su página web. Todas ellas tendrían que licenciarse por el ministerio, dado que la intención de la minera es que los residuos del tratamiento del uranio vayan a los distintos huecos mineros (Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas). Voces autorizadas, como la Asociación profesional de técnicos en seguridad nuclear y protección radiológica o el exconsejero del Consejo de Seguridad Nuclear Jorge Fabra, ven en esta dispersión de instalaciones radiactivas un serio problema de gestión, más teniendo en cuenta que se trata de una empresa multinacional. Una vez que finalice la explotación de mineral la empresa no se va a hacer cargo de la gestión de los residuos radiactivos allí depositados, con un perjudicial efecto dañino sobre la salud y el Medio Ambiente que tardará centenares de años en perderse»,afirma la plataforma.

Stop Uranio considera «una aberración intentar abrir las instalaciones radiactivas previstas en un contexto de abandono de la energía nuclear, habiendo manifestado el Gobierno actual sus reticencias al uso de este tipo de energía en nuestro país, programando un calendario de cierre de las centrales nucleares existentes».

El Secretario de Estado les ha transmitido la preocupación del ministerio con el proyecto, y ha solicitado información adicional a la empresa que no ha sido contestada. A pesar de ello la empresa ya ha solicitado un encuentro con la Secretaría de Estado.

Desde la Secretaria de Estado se considera que todos los proyectos de Berkeley deben ser considerados de forma conjunta, no teniendo sentido dar autorizaciones parciales.

Asimismo, les transmitió el sentir del Gobierno en defensa del medio ambiente y la salud de las personas, recordando que estábamos en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Finalmente en la reunión se recordó que hasta que el CSN no dé a conocer su informe no se tendrán todos los elementos necesarios para valorar la autorización de construcción de la planta.



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