La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado reabrir la investigación sobre el proceso de primarias del PP de Castilla y León que Alfonso Fernández Mañueco ganó en 2019, para saber si el PP de Salamanca recurrió al dinero negro para facilitar la victoria del actual presidente de la Junta en su pugna con Antonio Silván por presidir el PP regional. El PP salmantino emitió un comunicado en el que afirma que no hubo ninguna impugnación contra las primarias y que el Tribunal de Cuentas, «órgano que audita la cuenta de afiliaciones del Partido Popular, no puso ningún reparo al funcionamiento de la misma».
La Audiencia entiende que “debe seguir adelante la investigación penal, con libertad de criterio del juez instructor, encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.
Un juzgado de Salamanca archivó hace un año la denuncia presentada de forma anónima por algunos militantes solo una semana después de aceptarla. Tras justificar con todo lujo de argumentos y jurisprudencia la validez de una denuncia anónima, siete días después archivó el asunto alegando precisamente sus reservas porque era una denuncia anónima.
La Audiencia de Salamanca considera, en un auto dictado después de que el Foro de Izquierda Los Verdes recurriera el archivo, que no se puede descartar que el PP de Salamanca recurriera a dinero negro para poner al día las cuotas de afiliados del partido y que pudieran votar en las primarias de los populares. En concreto, investigar la denuncia de uno que dice ser militante del PP, que desea declarar ante el juez de instrucción, o denuncia presentada el 14 de junio de 2019 por un militante del PP de Valladolid que considera que para estas operaciones se han invertido 60000 € del dinero B del Partido Popular. Si se confirmara este extremo estaríamos ante un presunto delito de financiación ilegal.
Lo que en su día se denunció es que el partido en Salamanca habría solicitado aportaciones a sus militantes sin mediar recibo para poner al día las cuotas de afiliados que las tenían pendientes, que era un requisito imprescindible para que pudieran votar en las primarias. Luego apareció ese militante que, además, dijo que se habría recurrido presuntamente al dinero en B del partido para pagar más cuotas en zonas más proclives al candidato salmantino. Eso aumentó notablemente el censo de votantes (prácticamente todos a favor del candidato Mañueco frente a su rival, el leonés Antonio Silván), al tiempo que se vigilaba que en el resto de provincias no votaran los que no estaban al corriente de pago de sus cuotas, que eran muchos.
Ahora la Audiencia quiere saber si fue suficiente con el dinero que se recaudó para pagar las cuotas o si se recurrió al dinero negro. Propone escuchar a los militantes que presentaron la denuncia y también al recaudador, César Gómez, «la persona encargada de recoger el dinero sin extender recibo«, tal y como la definen los jueces.
El auto añade que «el bien jurídico protegido por este tipo penal es el correcto funcionamiento del sistema de partidos y el desempeño de las funciones que constitucionalmente tiene asignadas, por lo que se pretende la transparencia en la financiación, la igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas y la democracia interna de los partidos, de forma que el injusto específico del delito es la alteración del funcionamiento de sistema de partidos tanto en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades entre ellos, la quiebra de la democracia interna y la oligarquización de las organizaciones políticas, esto es, el desarrollo
normal de las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas, como es el pluralismo político, conformación y manifestación de la voluntad popular y el desarrollo de la participación política».
Recuerda que «dada la forma en que se lleva a cabo la investigación, por el momento no se disponen de datos suficientes que acrediten que, o toda la recaudación efectuada en los términos expuestos en la denuncia y confirmado por los testigos, se ha destinado única y exclusivamente al pago de las cuotas debidas por otros
afiliados o que las cantidades recaudadas fueron insuficientes para atender las cuotas debidas, de forma que habría sido necesario acudir a otras formas de financiación (en la denuncia se habla de dinero B), para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto».
Por lo tanto, la Audiencia provincial considera «necesario agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas y, en su caso, de haber un excedente, o haber acudido el partido a otras fuentes de financiación para cubrir las cuotas impagadas, podríamos encontrarnos ante la comisión de un ilícito penal«.
Puedes consultar el auto completo en este enlace
El PP de Salamanca dijo este jueves que «la Audiencia Provincial no afirma en ningún momento que haya ni siquiera indicios de que se haya cometido tal delito. La Audiencia Provincial no realiza imputación de delito alguno a ninguna persona física o jurídica. El propio Auto del Tribunal señala al Juez Instructor que “en cualquier caso, debe evitarse llevar a cabo una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal”.
Asegura que «el proceso electoral de primarias en el Partido Popular de Castilla y León no sólo tuvo ninguna impugnación, sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del Partido Popular, no puso ningún reparo al funcionamiento de la misma».
