Castilla y León

Familia admite que debió cerrar antes las residencias

Reconoce que había un “desconocimiento total” de la enfermedad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró este miércoles que se deberían haber cerrado antes las residencias de mayores para evitar que el virus, que circulaba ya en Castilla y León, accediera a estos centros puesto que afirmó que no son “burbujas” y elementos “aislados” dentro del territorio. “Es fácil decirlo ahora”, dijo una vez superada la primera ola del COVID-19 y en un momento en el que se afronta la segunda.

 

Ical.- Blanco, que presentó el informe ‘El impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León y Medidas adoptadas’, remitido a las Cortes, insistió en que han podido concluir que en las provincias y zonas con más incidencia del virus se produjo una mayor afectación en los centros residenciales. De esta forma, insistió en que cuando se ordenó el cierre ya se habían producido los contagios, que situó a primeros de marzo, y recordó que precisamente en esta instalaciones residen las personas más vulnerables y dependientes.

La consejera, que comunicó su intención de comparecer en las Cortes, admitió que había un “desconocimiento total” de la forma de actuar y también de sectorizar, junto con una “falta” de medios, algo que destacó Isabel Blanco se fue solventando “después de las primeras semanas”, puesto que el 74 de los centros no disponía de un stock suficiente al inicio de la pandemia. No obstante, indicó que muchas de las medidas adoptadas están dando resultado en esta segunda ola

Igualmente, la titular de Familia señaló que de todo lo aprendido tras la primera ola y este informe, al que le seguirán otros, se plasmará en la futura Ley de Atención Residencial, que se diseña en diferentes grupos de trabajo y con una amplia participación. De hecho el aspecto sanitarios se abordará en un encuentro el 6 de octubre. Está previsto que a caben estas citas a finales del próximo mes para a continuación comenzar a redactar el borrador, que estará listo “a la mayor brevedad posible”.

La consejera defendió que este informe se presenta a toda la sociedad, no solo para el conocimiento de los grupos de las Cortes, pese a ser un compromiso recogido en el Pacto para la Recuperación, el Empleo y la Cohesión Social, que suscribieron la Junta y las principales fuerzas políticas de la Comunidad. Indicó que está sujeto a mejoras continuas, cuando se afronta la segunda ola de la pandemia, por lo que indicó se siguen revisando las medidas y actuando de manera “continua” y “permanente”. “Es un informe hecho desde el rigor y la seriedad”, dijo al tiempo que destacó su carácter “técnico”, por incorporar también estudios externos.

El informe abarca del 14 de marzo al 15 de septiembre, aunque se siguen recopilando datos, si bien la mayor parte comprende el periodo del estado de alarma. Se estructura en cuatro bloques, el primero analiza el contexto internacional, nacional y la situación de los centros residenciales. El segundo y tercero aborda la evolución en la primera ola y el cuarto las actuaciones para luchar contra el COVID. Además, se incorporan las conclusiones. “Este es el mayor ejercicio de transparencia que podemos hacer”, sentenció Blanco.

Nadie preparado

Blanco reconoció “falta de previsión” en todo el mundo, lo que arrolló a países como Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido. “Ninguna entidad, institución, organización o administración de España, incluidas las residencias de personas mayores y la atención sanitaria pública que atiende a las mismas, estaba prepara para hacer frente a la dimensión de la pandemia”, afirmó la consejera de Familia.

En general, señaló que las residencias son los más afectados por sus altos niveles de comorbilidad y dependencia y añadió que el deterioro cognitivo es una de las variables con una alta prevalencia. En este contexto, indicó que España es uno de los países que “peores” resultados ha obtenido en la gestión de la primera ola de la pandemia.

Además, según el Instituto de Salud Carlos III, remarcó que Castilla y León es la tercera comunidad, tras Castilla-La Mancha y Cataluña, con mayor riesgo de expansión del COVID. Sin embargo, la Comunidad es la sexta comunidad en cuanto a mortalidad (5,6 por ciento) en los centros residencias, ligeramente por encima de la media nacional (5,3 por ciento). En síntesis, la mortalidad va unida a la incidencia de la infección en las diferentes autonomías.

También señaló que Castilla y León, pese a ser una de las comunidades con más impacto del COVID-19, tuvo menos personas afectadas a pesar de lo que hacía prever la denominada “tasa de ataque”.

La Comunidad cuenta con 700 centros residencias de mayores, con 48.296 plazas y un nivel medio de ocupación de casi el 89 por ciento. Blanco destacó que el 90 por cierto son de financiación pública y remarcó que la mitad se sitúan en el medio rural. Además, el 47 por ciento pertenecen a centros grandes y solo el cuatro por cientos en instalaciones muy pequeñas.

Morbilidad

En cuanto a la morbilidad, la consejera indicó que el 78 por ciento de los centros de mayores y discapcidad (1.214) no tuvo casos de coronavirus activos ni fallecidos con la enfermedad. Además, apuntó que el 64 por ciento delos centros de mayores ha estado libre (700) de contagios y en ellos reside el 51 por ciento del total de usuarios. “Existe una correlación estadísticamente significativa entre la incidencia del COVID en un territorio y en los centros residenciales”, explicó.

Por tanto, Isabel Blanco apuntó que de los 42.859 residentes, la morbilidad afectó al 18,9 por ciento, 8.088 contagiados, con diferencias muy notables entre provincias. Así van desde el nueve por ciento de Palencia y Zamora, al 38 por ciento de Soria y el 44 por ciento de Segovia.

El virus entró a primeros de marzo en la mayoría de los centros, en los que se concentró el 92 por ciento de los contagios y se produjeron el 94 por ciento de los fallecimientos. Además, en estas instalaciones, la morbilidad fue de media del 43,6 por ciento. Así señaló que las diferencias se identifican por la fecha de los primeros contagios, la provincia y el tamaño de los centro y no por la titularidad pública o privada.

De los que se contagiaban, con síntomas compatibles o confirmados, fallecieron el 27,9 por ciento, si bien en el caso de los que tenían una prueba PCR positiva el porcentaje se reduce al 18,2 por ciento. El 60 por ciento de los fallecidos son mujeres, más abundantes que los hombres, si bien su tasa fue del 5,3 por ciento y la de los varones del 7,4 por ciento. Además, el 91 por ciento de los muertos con COVID tenía más de 80 años y la prevalencia de enfermedades previas es también muy elevada -56 por ciento pluripatología crónica y el 48 por ciento, deterioro cognitivo-. Por otra parte, entre los fallecidos la mitad tiene gran dependencia y otro 20 por ciento son dependientes severos.

Evolución

La consejera de Familia remarcó que la evolución vino determinada por la extensión de barridos a todos los residentes a partir de abril. Su número no decreció hasta el 5 de mayo y al inicio de junio había 800 casos hasta acabar el mes con 100. Además, el 15 por ciento de los trabajadores causó baja por COVID y se alcanzó el 21 por ciento si se suman los que estuvieron en cuarentena.

Otro de los aspectos que destacó fueron las dificultades de contratación de personal sanitario y de atención directa. Antes de la declaración del estado de alama, señaló que el 46 por ciento había tenido problemas para incorporar profesionales de enfermería y el 29 por ciento para hacerse con personal médico.

Además, al inicio de la pandemia, apuntó que en el 74 por ciento de los centros no disponía stock suficiente de equipos de protección. Así más de 4,4 millones de mascarillas y más de un millón de guantes, en total más de 6,8 millones de productos de este tipo. También se incorporaron más de 970 contrataciones por bolsas de empleo y personal de servicios y sanitario de otras consejerías. Otra de las medidas fue facilitar la contratación por otras vías alternativas al Ecyl.

Además, destaco las 617 labores de desinfección en los centros y 828 informes de comprobación y control, que derivaron en diez expedientes sancionadores, a los que se suman los casos judicializados. En total, señaló que se visitaron 501 residencias y se intervinieron seis y en cinco se hicieron traslados a otros centros. A esto, recordó, se crearon los equipos COVID y se medicalizaron las residencias, junto con las derivaciones de residentes a los hospitales. Desde el inicio y el 30 de junio se hicieron casi 5.000 derivaciones hospitalarias, por lo que la consejera señaló que se recogen las demandas y pronunciamientos judiciales, al respecto, e insistió que respondieron a criterios médicos.

Igualmente, Blanco señaló que Castilla y León fue la primera Comunidad en hacer el cribado en residencias. También subrayó el envío de informes permanentes a la Fiscalía, a las gerencias territoriales de Sanidad y a los centros de coordinación (Cecopi). De la misma forma, recordó que la Consejería remitió estos mismos datos al Procurador del Común y Comisionado de Transparencia.


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